Una página relacionada a netcenters publicó este viernes que el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó “certificar lo conducente” al Ministerio Público (MP), por el posible ingreso de equipo de comunicación por parte de periodistas de Agencia Ocote en Mariscal Zavala.
La resolución menciona que se recibió como antecedente un oficio de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), por lo cual se ordenaba la certificación al ente investigador.
Lo anterior se relaciona a una entrevista a la exjefa de la sede en Quetzaltenango de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, por parte de los comunicadores quienes habrían ingresado “equipos de terminales móviles” al centro de detención, en el que se encuentra la exfiscal.
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TELECOMUNICACIONES EN LAS CÁRCELES
Con relación a las telecomunicaciones en las cárceles, históricamente se ha señalado que los reos tienen acceso a equipo telefónico para comunicarse con el exterior para emitir ordenes, sin embargo, las autoridades hasta el momento no han tomado medidas contundentes para evitar este flagelo.
Esta semana, La Hora publicó “¿Un día sin muertes violentas? En cárceles podría estar la respuesta”, en la cual se describe que la administración de Alejandro Giammattei destacó que no hubo registro de muertes violentas en el país el 19 de mayo.
En este sentido, la publicación detalla que lo mismo se debía al traslado de 76 reos al Centro Penitenciario Fraijanes II desde el Preventivo para hombres de la Zona 18 y la cárcel de máxima seguridad Canadá en el departamento de Escuintla.
Asimismo, se destacó el informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), denominado “Reducir las extorsiones, un esfuerzo de todos”, en el cual se menciona que el 90% de las extorsiones provienen de los centros carcelarios.
INCOMUNICACIÓN DE REOS HABRÍA FAVORECIDO
De la misma forma, la DGSP explicó que al menos 76 reos se encontraban en aislamiento y sin ningún tipo de comunicación, únicamente dejándolos tomar una hora de sol en grupos de cuatro.
Sobre el tema, David Casasola, analista de seguridad y justicia del Cien, indicó en dicha ocasión a La Hora que: “habría que dar un seguimiento. No se tiene elementos para poder asegurar con ciencia cierta si este traslado está asociado a algún tipo de incomunicación de parte de quien emite órdenes del privado de libertad para que ejecuten acciones en la calle”.
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“Creo que eso se sabrá a medida que sigan investigando y perfilando el tipo de redes de privados de libertad y sus conexiones con personas que cometen delitos en las calles”, resaltó.
Agregó que se debía de reformar pilares de infraestructura y clasificación de los privados de libertad en el Sistema Penitenciario.
“Una vez se hace un rastreo, como los privados de libertad comparten muchos lugares comunes, es muy difícil deducir responsabilidades individuales”, añadió Casasola, concretando en que la necesidad de separar perfiles se esperaría mejores resultados y la desarticulación de las conexiones.
