El exinvestigador de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Peter Montaña, testificó al ser cuestionado por los abogados de los sindicados en el caso La Línea, esto con relación a su participación en el “Informe 32”, presentado en 2015, el cual es un elemento de prueba.
Durante la audiencia, la jueza Irma Jeannette Valdés del Tribunal de Mayor Riesgo “B” calificó en reiteradas ocasiones como “impertinente” lo cuestionado por los profesionales de derecho, debido a que en su mayoría se trataban de preguntas contestadas en otras ocasiones por el exinvestigador.
“Sea concreto en su pregunta, porque si no, estamos perdiendo un tiempo valioso. Acá se incorporó ya el informe 32, si la duda es en cuanto a la fecha, pregunte en cuanto a la fecha, pero ¿cuántos informes hizo?, Incluso ese informe 32 está firmado “por”. Él no lo presentó, entonces es impertinente la pregunta”, refirió la togada a uno de los abogados durante la audiencia.
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REALIZACIÓN DE INFORME
De acuerdo con lo expresado por el exinvestigador de nacionalidad uruguaya, en el denominado “Informe 32” participaron analistas, mediadores policiales, investigadores policiales y fiscales.
Montaña señaló que para la redacción del documento se reprodujeron las escuchas telefónicas, en las que está implicado Omar Franco, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
“Nosotros recibíamos la copia para analizar la conversación y obviamente planificar la parte operativa”, declaró el extrabajador de la Comisión.
Asimismo, el exmiembro de la CICIG indicó que trabajó para la institución del 14 de enero 2014 a finales de mayo 2015, indicando a uno de los abogados que un informe de tal magnitud no se redactaba «de un día para otro».
«Este informe se llevaba realizando de acuerdo a los sucesos que se vienen dando», agregó Montaña, manifestando que los mismos se iban alimentando de forma permanente.
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EL CASO
El Tribunal de Mayor Riesgo «B» declaró la apertura a juicio en contra de al menos 30 personas, incluidas el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, en los que se les sindica de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.
