Samuel Flores
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH; la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, y recientemente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, denuncian un grave retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad, así como un debilitamiento de la institucionalidad en Guatemala.
El Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, ha denunciado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, de enero 2020 a marzo 2022. En el primer trimestre, el Observatorio registra 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa, en los cuales están involucradas fuerzas de seguridad y autoridades locales en el área rural.
La CIDH determina que la situación de los DD. HH. afecta la estabilidad democrática y su vigencia en temas tales como Igualdad y no Discriminación, Juventud, Justicia y Lucha contra la Impunidad, Protección de defensoras y defensores de los Derechos Humanos, lo que provoca migración interna y hacia el extranjero. Al menos 26 operadores de justicia entre jueces, fiscales, periodistas, y activistas en materia de DD. HH. permanecen en el exilio producto de una persecución judicial orquestada desde el Organismo Judicial. Otros están encarcelados.
De esa cuenta, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, expresa su preocupación por el “recurso abusivo de procedimientos penales en contra de defensores/defensoras, periodistas y, en particular, líderes indígenas que defienden la tierra y los recursos naturales, bajo prácticas regresivas de vigilancia, arrestos arbitrarios y el uso prolongado de la prisión preventiva en casos donde existe conflictividad agraria.
Guatemala afronta serias denuncias contra los DD. HH., la pandemia COVID-19 ha incrementado la pobreza en comunidades campesinas y pueblos indígenas. Son ataques preocupantes, socaba el estado de derecho, las disputas limítrofes y la falta de seguridad en la tenencia sobre tierras y territorios continuaron en el país.
Desde la toma de posesión del gobierno del partido VAMOS, el 14 de enero de 2020, a la fecha, se ha recurrido de forma constante a la aplicación de estados de excepción en distintos municipios del país, marcados por conflictos agrarios en el contexto de la Industria extractiva, monocultivos, operación de hidroeléctricas, cementeras, en los cuales se ha instalado una lógica de militarización, en contubernio con jueces del Organismo Judicial, fiscalía, Policía Nacional Civil, y la Corte de Constitucionalidad.
Ante esa realidad, el ACNUDH recomienda incrementar acciones para enfrentar la situación de desigualdad en la población pobre y vulnerable, garantizar la independencia de las instituciones de justicia y velar por su seguridad, combatir la discriminación, y una lucha frontal y permanente contra la impunidad y la corrupción, entre otras.
