El Ministerio Público (MP) no podrá investigar al diputado por el partido Todos en el Congreso de la República, Boris España, por su presunta implicación en el caso «Subordinación de Poderes». Esto luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara en definitiva un amparo solicitado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para reanudar el proceso de retiro de inmunidad del parlamentario.
El MP accionó ante la CC para revertir la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en febrero de 2020 resolvió mantener el antejuicio de España.
ALIADO DEL OFICIALISMO Y GIAMMATTEI
El diputado España pertenece a la bancada TODOS, dirigida por Felipe Alejos, ambos son aliados al oficialismo; España es originario de Chiquimula y ha sido sancionado por Estados Unidos que lo designó públicamente en junio de 2021 como corrupto y lo incluyó en la Lista Engel.
Este sería el segundo legislador de TODOS sancionado de esta manera por el gobierno estadounidense; el primero fue Alejos en octubre de 2020.
El MP no podrá investigar al diputado Boris España, por su presunta implicación en el caso Subordinación de Poderes. Esto luego de que la CC rechazara en definitiva un amparo solicitado por el ente investigador para reanudar el proceso de retiro de inmunidad del parlamentario. pic.twitter.com/QWllTlwI1t
— Diario La Hora (@lahoragt) May 24, 2022
Al parlamentario se la ha observado en múltiples ocasiones en giras con el presidente Alejandro Giammattei, donde no pierde oportunidad para elogiar el trabajo del mandatario.
Incluso sugirió en febrero que el mandato presidencial debería durar más de 4 años, «deberíamos tener un gobernador presupuestado, yo creo que deberíamos tener un presidente presupuestado, un presidente por más años en este país», enfatizó España durante una actividad realizada en Chiquimula.
EL CASO
Cabe señalar que, según la FECI, en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, tenía indicios de que el legislador, posiblemente habría recibido coimas a cambio de la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República, entre ellas, la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, que según la fiscalía habría beneficiado a una empresa de telefonía.
