En la fotografía se muestra a la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público 2022-2026. Foto: La Hora/José Orozco

Diversas organizaciones internacionales expresaron su preocupación ante circunstancias que consideran afectan las condiciones de imparcialidad y transparencia en el proceso de elección de Fiscal General en Guatemala, ya que se debe garantizar que en el proceso se designe a una persona idónea, competente e independiente.

En un comunicado, además, señalaron la falta de claridad en la metodología, en sus primeras sesiones, ya que la Comisión avanzó en la aprobación de documentos preparatorios, habiéndose presentado 26 candidaturas, entre ellas, la actual Fiscal General, María Consuelo Porras.

Indicaron que el proceso de elección de la persona que ocupe la jefatura del Ministerio Público (MP), es de suma importancia para la democracia en Guatemala y para evitar retrocesos en la lucha contra la corrupción y la preservación del Estado de Derecho el país ya que es la atención prioritaria de la comunidad internacional.

 

 

 

EXCESIVO RETRASO DEL CONGRESO

Mencionaron que el excesivo retraso del Congreso de Guatemala en la conclusión del proceso de elección de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones ya ha superado los dos años, y que es uno de los factores que incide directamente sobre la elección de la Fiscalía General.

Según indican la Comisión de postulación a cargo de este proceso debe ser presidida por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), misma que en la actualidad tiene un mandato que venció hace más de 27 meses y cuya designación ha sido materia de investigación por corrupción en el ámbito penal, en los casos como “Comisiones Paralelas I y II” al referirse a la magistrada Silvia Patricia Valdés.

Asimismo, señalan que la presidencia del ente postulador tiene la facultad de convocar a sus sesiones y establecer su agenda, así como la responsabilidad de garantizar la seguridad de la información del proceso, por lo que debería estar libre de cualquier cuestionamiento.

La magistrada Silvia Patricia Valdés. Foto: La Hora/José Orozco

 

PRESIONES POR ACTORES EXTERNOS

Expresaron su preocupación por las posibles presiones de actores externos que pueden ejercerse contra la Comisión Postuladora, como lo reflejó la renuencia de 3 de los 12 decanos que integran dicha comisión, todas ocurridas en las vísperas de su instalación o en los primeros días de funcionamiento.

De manera particular, mencionaron la renuncia de David Gaitán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, en los días siguientes a la interposición de una denuncia penal en su contra, en un intento de utilizar la justicia penal para criminalizar un acto interno de la universidad e impactar la composición del ente postulador.

Según información difundida por los medios de comunicación, tal denuncia habría buscado impedir que Gaitán presentara una propuesta metodológica integral y basada en estándares internacionales ante la Comisión de Postulación y fuera debatida públicamente en la sesión programada para el 3 de febrero.

ATAQUE DE INMUNIDAD

Las organizaciones se suman a las voces que alertan del recrudecimiento de los ataques a la inmunidad judicial de la jueza Erika Aifán, desde hace años y convertida a un patrón de acoso, así como ataques sistemáticos.

Mencionaron que estos incluyen la presentación reciente de dos solicitudes de antejuicio por parte del MP, encabezado por la actual Fiscal General con fechas 13 y 18 de enero, a la que se ha sumado una nueva solicitud planteada el 24 de enero por la Fundación contra el Terrorismo por medio de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, ambos señalados de actores corruptos por el Gobierno de los Estados Unidos en la “Lista Engel”.

“El recrudecimiento de los inaceptables ataques a la Jueza Aifán, además de atentar directamente contra su independencia, coinciden con el inicio de las labores de la comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y podría tener un impacto directo sobre su resultado, pues entre los asuntos a cargo de la jueza se encuentran los casos de presunta corrupción en la designación de altos cargos judiciales como “Comisiones Paralelas I y II”, destacaron.

 

Estos casos involucran a personas y actores que participan directamente en el proceso de selección de Fiscalía General, entre ellos a la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien preside la Comisión postuladora, asimismo, les resulta preocupante que estos ataques sean impulsados directamente por la gestión de la actual Fiscal General, teniendo en cuenta que también ha presentado su candidatura al concurso con el objetivo de ser reelecta en el cargo.

Asimismo, comparten la preocupación expresada por la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia en relación con la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad que determina que el ejercicio de la judicatura no se cuenta como años de ejercicio profesional de abogado, por lo tanto, eliminó la posibilidad de presentación de candidaturas de jueces y juezas independientes para el cargo de Fiscal General.

Las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala recalcan su profunda preocupación por las circunstancias que afectan directamente las condiciones de imparcialidad, transparencia y ausencia de presiones externas que deberían rodear el desarrollo del proceso de elección de Fiscal General.

LAS ORGANIZACIONES HACEN UN LLAMADO

En ese sentido, hicieron un llamado a quienes integran la Comisión de Postulación a garantizar la máxima transparencia con el cumplimiento de estándares internacionales y de los plazos de todo el proceso.

Instaron a la jefa del MP a detener los ataques ilegítimos a la jueza Aifán y a otros operadores de justicia, así como abstenerse de impulsar actuaciones que puedan generar presiones externas sobre el proceso de elección de Fiscal General en el que ella también participa.

 

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