Factor Méndez Doninelli
Homenaje a Adolfo Mijangos, Julio Camey, Rafael Piedrasanta y Alfonso Bauer, quienes junto a la Gremial de pescadores local y al pueblo Q’ueq’chi estoreño son pioneros en la lucha contra la explotación minera en El Estor y en denunciar abusos de empresarios, violaciones a derechos humanos DD. HH. y daños colaterales al medio ambiente provocados por la actividad extractiva realizada en ese lugar.
Durante 53 años la población de El Estor en el departamento de Izabal, ha resistido desalojos violentos, persecución de líderes, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales de mujeres y la consabida contaminación ambiental. Todo porque el Estado en vez de proteger a los habitantes los reprime para resguardar y favorecer los intereses capitalistas transnacionales. Líderes de la gremial de pescadores en resistencia también han sido víctimas de capturas, detenciones, allanamientos, amenazas, hostigamiento y represión indiscriminada. Persisten las coacciones, persecución, criminalización y judicialización.
Los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala CPRG, establecen que el fin supremo del Estado es la realización del bien común y su deber es garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En este país centroamericano tales preceptos no se cumplen ni se respetan, el Estado está al servicio de las élites depredadoras, de los terratenientes, las agro industrias y los capitales transnacionales que despojan de sus territorios a los pueblos indígenas con la complicidad y aprobación de Gobernantes.
La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la suiza Solway Investment Group ahora denominada mina Fénix, asociada con capital de inversores rusos, por una interpretación maliciosa sigue en operaciones extractivas en flagrante desacato a la Corte de Constitucionalidad que desde 2019, ordenó suspender actividades por incumplir la consulta previa e informada que conforme a Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos debió realizar con la población antes de iniciar operaciones.
Impactos y alianzas de la minera: Es un proyecto estratégico en función de los beneficios e intereses de las élites, un negocio iniciado por los ex presidentes Arzú y Berger en alianza con el bufete Sosa de León, con Cementos Progreso que acumula experiencia en militarización, control poblacional e inteligencia militar. Contratan militares que fueron dados de baja. Trabajo de inteligencia en coordinación con el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil PNC y DEIC. Con ADEPRO, instancia empresarial que dirige la criminalización contra la resistencia, aliado clave de la CGN/Fénix; con Carlos Ruíz Ramos propietario de la finca “Los Carlos”, un pastor evangélico neo pentecostal con vínculos de interés con la minera. Otro personaje al servicio de la empresa es Romel Reyes, quien amenaza a las personas que han interpuesto amparos contra el funcionamiento de la mina, para que desistan de las denuncias. Diseñan planes para dividir a las comunidades, comprar voluntades, lanzar estigmatizaciones y criminalizar a los líderes comunitarios en resistencia.
Impactos en el tejido social y comunitario. Patrullaje conjunto PNC/militares provoca terror y autocensura entre las comunidades. Graves violaciones a DD. HH, y de pueblos indígenas, uso de fuerza militar contra comunidades, Estado de Sitio y de Excepción para garantizar la operación minera, criminalizar la resistencia, justificar la militarización de la zona y los graves impactos ambientales en el territorio. La minera tiene una carga tributaria de 5% del PIB. La conflictividad social asociada a la lucha contra la minería, representa el 70%. El aumento de la pobreza en El Estor se eleva a 89%.
