Por Jorge Santos
El gobierno de Alejandro Giammattei, al igual que los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua en la región centroamericana, tan sólo son los gendarmes serviles de las élites económicas de cada país y representan en sí mismo lo más despreciable de nuestras sociedades. Un poder efímero que lo sostienen a sangre y fuego, con graves implicaciones en contra de las poblaciones que juraron defender. Esta imposición autoritaria durante los últimos años se ha ensañado contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos y en el caso guatemalteco su profundidad da muestras cada vez mayores de preocupación.
Como toda consolidación autoritaria y dictatorial, el ilegítimo gobierno de Giammattei, ha impulsado una política pública de agresión y violencia contra toda aquella persona o grupo organizado que interpele sus espurios intereses. Sin lugar a dudas, junto a operadores y operadoras de justicia, personas defensoras de la justicia, la tierra y el territorio, son las y los periodistas y las y los comunicadores sociales los que son objeto de todo tipo de agresiones y violencia en su contra. La causa de dicha violencia, es el develar o el trasladar información a la población sobre acciones, medidas y políticas públicas que desde distintas instituciones se toman. Esta información que va desde la implementación o no de acciones para contener la pandemia de Covid-19, así como la ausencia de pago a personal médico y sanitario de primera línea, también sobre los actos relacionados a compras y contrataciones estatales o bien la captura de la institucionalidad pública, son el motivo central del porque el Gobierno de Giammattei, junto a otras redes criminales han decidido impulsar una estrategia de represión contra la libertad de prensa y expresión en el país.
El año pasado la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó un total de 90 agresiones en contra de periodistas y/o comunicadores y comunicadoras sociales. La sociedad guatemalteca atestiguo muchas de estas agresiones, por ejemplo las agresiones físicas y la detención ilegal del periodista Sonny Figueroa o el clima de difamación impulsado desde actores gubernamentales contra Marvin del Cid, Michelle Mendoza o las acciones legales espurias contra medios de comunicación como el Diario Vespertino La Hora o El Periódico. Sin embargo, junto a esta violencia ejercida desde funcionarios de alto perfil del Estado guatemalteco, se suman las cometidas por actores privados o gubernamentales en distintas localidades, particularmente en aquellos casos, donde las y los periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales, dan cuenta de la represión a comunidades, de actos de corrupción o de colusión con el sector privado. De ello dan cuenta, las agresiones a medios de comunicación como Prensa Comunitaria, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) o bien Radios Comunitarias, que dan voz y expresión a las comunidades en resistencia pacífica a la imposición del modelo expoliador y saqueador.
Por todo ello ¡protesto! y sostengo con vehemencia que ¡No Nos Callarán! Y que derrotaremos al dictador y sus redes.
