Estados Unidos ha visto a Guatemala con ojos más punitivos durante los últimos tres años. Las sanciones hacia funcionarios guatemaltecos han incrementado con la administración Biden-Harris, no obstante, el precedente fue en la Presidencia de Donald Trump y hasta hoy en día continúan, siendo la más reciente la adhesión de la fiscal general, María Consuelo Porras y su secretario general, Ángel Pineda a la Lista Engel. En total, suman 22 personas sancionadas.
ERA TRUMP
REVOCAN VISA A BLANCA STALLING Y SUS HIJOS
Las sanciones políticas durante la administración de Donald Trump iniciaron con la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirada de cargo, Blanca Stalling. En marzo del 2019 el Departamento de Estado le revocó la visa a la exmagistrada para viajar a Estados Unidos.
#PORTADADEHOY
Trump y Biden suman 22 individuos sancionados ? [https://t.co/Do0OUE6MVd] pic.twitter.com/masqUEgFsP— Diario La Hora (@lahoragt) September 23, 2021
Del mismo modo, se le retiró el permiso de ingresar al país a sus hijos: Julio Alejandro y Otto Fernando. Lo anterior fue estipulado con base en la sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados.
Esta disposición fue ejercida contra Stalling por estar implicada en actos de corrupción. La exmagistrada digirió por diez años el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y fue señalada de presionar al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, vinculado al caso IGSS-Pisa e IGSS- Chiquimula.
Otto Stalling fue condenado a seis años y tres meses de prisión inconmutables y se le impuso una multa de Q50,000 e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante cuatro años, no obstante, fue beneficiado con medidas sustitutivas para gozar de libertad condicional.
Mientras que el proceso de Blanca Stalling, en manos del juez Víctor Cruz, se ha estancado en la revisión de medidas sustitutivas.
INCLUSIÓN DE ALEJANDRO SINIBALDI EN EL LISTADO
Para el 3 de diciembre del 2019 se publicó la designación del exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MINCIV) Alejandro Sinibaldi. En aquel entonces, Sinibaldi era prófugo de la justicia, pues, luego de ejercer su función en la cartera (2012-2014) e intentar optar por la presidencia en el 2015, huyó de Guatemala en medio de señalamientos por corrupción en casos como Construcción y Corrupción, La Coperacha, Odebrecht y Transurbano por un sistema de seguridad para las unidades.
Además de revocar la visa al excandidato del Partido Patriota (PP), se le aplicó la misma sanción a su cónyuge, María José Saravia Mendoza, su hijo Alejandro Sinibaldi Saravia, y sus dos hijos menores.
Él se entregó a la justicia en agosto del año pasado.
DESIGNACIÓN DE GUSTAVO ALEJOS
El 8 de junio del 2020, exsecretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, designó públicamente a Gustavo Adolfo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, por sus implicaciones en graves actos de corrupción, socavar el estado de derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas.
De conformidad con la Sección 7031 c) de la Ley de Asignaciones relativas al Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Afines, 2020 (División G, Ley pública 116-94), se estableció que la persona no podrá ingresar a los Estados Unidos una vez esté designada por el Secretario de Estado.
El caso más emblemático al cual está ligado Gustavo Alejos es Comisiones Paralelas 2020, donde es señalado de intentar interferir en la elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia.
POMPEO NOMINA CORRUPTOS A FELIPE ALEJOS Y DELIA BAC
Unos meses después, el 28 de octubre del 2020, Mike Pompeo anunció la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de Delia Bac, exdiputada y Felipe Alejos, actual diputado de TODOS en el Congreso de la República. Nuevamente en el comunicado oficial se señaló que ambos individuos estuvieron implicados en actos de corrupción y afectaron la credibilidad de las instituciones democráticas en Guatemala.
Por un lado, distinguieron que Alejos Lorenzana estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses; por otro, recalcaron que Delia Bac, en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, estuvo involucrada en actos de corrupción y habría utilizado su influencia política para el enriquecimiento personal, el progreso de ella y su familia.
Como lo establece la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, se le prohibió el ingreso también a los familiares directos de ambos sujetos, incluyendo a Eva Monte Bac, hija de Delia Bac y actual diputada en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Asimismo, se prohibió la entrada a EE. UU. de la entonces esposa de Felipe Alejos, Beatriz Jansa Bianchi; sus hijos, José Javier Alejos Jansa y Gustavo Andrés Alejos Jansa y su hija menor de edad.
ERA DE BIDEN
CONGELAN BIENES DE LOS ALEJOS
Aún con el cambio de mandatario en EE. UU., las sanciones continuaron firmes. El 26 de abril de 2021 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gustavo Adolfo Alejos y Felipe Alejos por sus vínculos en corrupción, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 basada en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky.
Con esta sanción se obstaculizó el acceso a bienes internacionales a los Alejos.
Estas acciones fueron realizadas en coordinación con el Reino Unido, quien estableció un nuevo régimen de sanciones globales que interrumpe el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes.
OTRO DIPUTADO DE TODOS ES SANCIONADO
El 17 de junio del 2021 se conoció que otro diputado del partido TODOS fue sancionado: Boris España. El Departamento de Estado de EE.UU. describió que Boris Roberto España Cáceres “en el ejercicio de sus funciones oficiales, ha participado en actos de corrupción, incluido el soborno y la injerencia en los procesos públicos, que pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes”.
Además, detalló que España sigue ejerciendo cargos en el Congreso de la República a pesar de la conciencia generalizada de su implicación en una corrupción significativa, que refleja una historia de impunidad en las instituciones gubernamentales de la República de Guatemala. Actualmente es integrante de la Comisión de la Defensa Nacional y la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obra Pública y ha respaldado la iniciativa de ley 5915, proyecto que dispone aprobar Ley de Libertad de Religión y Creencia de culto y de conciencia.
Al igual que los otros designados, se les prohibió a los familiares directos de España el ingreso al país norteamericano.
20 GUATEMALTECOS FIGURANDO EN LA LISTA
Fue hasta el 1 de julio de este año que se conoció a los guatemaltecos incluidos en la Lista Engel.
Recapitulando, la lista es un compendio de perfiles de personas identificadas por el Departamento de Estado y enviada al congreso estadounidense de actores antidemocráticos o contribuyentes en corrupción significativa. Quienes sean señalados en este deben ser catalogados como responsables de al menos uno de los delitos:
Soborno y extorsión
Corrupción relacionada a contratos de gobierno
Facilitación o transferencia de fondos provenientes del lavado de dinero
Acoso o intimidación a quienes investigan la corrupción
Por tanto, en esa fecha se incluyeron a 20 personas, entre las cuales se distinguió a funcionarios actuales del Organismo Legislativo y Judicial, ex miembros de gabinete, colaboradores de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), exdiputados del Congreso de la República y alcaldes.
En el ámbito justicia figuran Manuel Duarte Barrera, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Blanca Aída Stalling Dávila, exjueza de la misma corte y Néster Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte de Constitucionalidad (CC). También se menciona a Juan Carlos Godínez Rodríguez, exintegrante de la comisión encargada de seleccionar a los magistrados de la CSJ.
En cuanto al Congreso de la República destacaron a los diputados en función: Felipe Alejos Lorenzana, Boris Roberto España Cáceres, Jorge Estuardo Vargas Morales y a los exdiputados Delia Bac Alvarado y Mario Amílcar Estrada Orellana, también excandidato presidencial, condenado en EE.UU. por delitos relacionados al narcotráfico.
Entre los mencionados también destaca el exgobernante Álvaro Colom electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el actual alcalde de Joyabaj Florencio Carrascoza Gámez.
SANCIONES LUEGO DE LA SALIDA DE SANDOVAL
El último movimiento punitivo de la administración Biden-Harris fue la integración de la Lista Engel, sin embargo, el 23 de julio del 2021 fue destituido el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Este hecho fue el desencadenante de las sanciones políticas más recientes para funcionarios guatemaltecos.
Tan solo cuatro días después de la remoción ilegal de Sandoval, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que había perdido la confianza en la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ordenó la destitución del fiscal.
Jalina Porter, vocera de la entidad comunicó que, como resultado de la remoción en la FECI, “hemos perdido la confianza en el fiscal general y la intención de cooperar con el gobierno de EE. UU. y luchar contra la corrupción de buena fe”.
“Como resultado de las acciones del fiscal general, el gobierno de EE. UU. está deteniendo temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público mientras que llevamos a cabo la revisión de nuestra asistencia a las actividades que el fiscal general dirige”, informó. Además, advirtió que EE. UU. observará de cerca nuevas acciones que socaven el Estado de Derecho o la independencia judicial en Guatemala.
AHORA CONSUELO PORRAS Y ÁNGEL PINEDA FIGURAN EN LA LISTA ENGEL
Transcurrieron 60 días desde la destitución de Juan Francisco Sandoval y la evidente indisponibilidad de la Fiscal Consuelo Porras por remediar lo cometido.
Fueron dos meses contextualizados en paros plurinacionales, manifestaciones colectivas y preocupación de distintos sectores de la sociedad. De repente, el 20 de septiembre recién, el Departamento de Estado incluyó a Consuelo Porras y su secretario general, Ángel Pineda, en el listado de actores corruptos.
En el comunicado del secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, mencionó que el criterio de obstrucción empleado por la fiscal general, “incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial contra la Impunidad”.
En cuanto a Ángel Pineda, secretario general del MP, señalaron que interfirió en una investigación anticorrupción. “Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”, dijo el departamento.
Con estos dos funcionarios, Guatemala ocupa 22 casillas de la lista negra estadounidense.
LOS SANCIONADOS
