Recientemente la fiscal general, Consuelo Porras y su secretario Ángel Pineda fueron incluidos en la denominada Lista Engel bajo señalamientos de corrupción. Este 23 de septiembre representantes de varias organizaciones pidieron su renuncia. Foto: La Hora.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que añadió a siete funcionarios centroamericanos a su listado de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353, entre los que se encuentran la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras a quien señalan de obstruir investigaciones de actos de corrupción e interferir investigaciones penales. También fue incluido el actual secretario general del MP, Ángel Pineda Ávila.

En un comunicado atribuido al Secretario de Estado, Antony Blinken el Departamento de Estado, mencionó que el patrón de obstrucción empleado por la Fiscal General, “incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial contra la Impunidad”.

Esto incluye el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción, agregó el Departamento de Estado.

Por otro lado, mencionan que Pineda Ávila, actual secretario general del MP, obstruyó investigaciones de actos de corrupción.

“El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”, señaló el Departamento de Estado.

BUSCAN APOYAR A LOS CIUDADANOS DE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR

Agregó que Estados Unidos está comprometido en apoyar a la gente del Norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor.

“Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, que generalmente hace que los perpetradores no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”, explicó.

 

Asimismo, mencionó que estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala.

EE.UU., SEGUIRÁ UTILIZANDO HERRAMIENTAS

Además, el Departamento de Estado envió la lista de sancionados al Congreso de Estados Unidos, así como el detalle de los ataques a la democracia y las medidas anticorrupción implementadas.

“Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano”, afirmó.

A la vez, mencionó que continuarán asociándose con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular.

“Continuaremos apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”, señala el comunicado de prensa atribuido al secretario de Estado, Antony Blinken.

INCLUYEN A MAGISTRADOS DE SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE EL SALVADOR

En el caso de El Salvador, incluyeron a Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, a quienes señalan de socavar procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña.

“Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se sentara la Asamblea Legislativa recién elegida”, anotaron.

Asimismo, enfatizan en el comunicado que una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su designación por la Asamblea Legislativa.

“Los Magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia”, explicó el Departamento de Estado en el caso de El Salvador.

Diario La Hora
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