El 14 de julio fue publicado el Acuerdo Gubernativo 147-2021 en el Diario de Centroamérica, donde se concretaron las reformas al Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) con cambios a 28 artículos. Las últimas modificaciones a la normativa fueron emitidas en 2015 y 2016, las de este año constituyen la décimo primera edición del Reglamento en su historia. Con estas modificaciones tanto el ministro Álvaro González Ricci como la viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Violeta Mazariegos, resaltaron un avance en la transparencia de compras del Estado.
#PORTADADEHOY
Minfin: Reformas al Reglamento de Contrataciones aclara y transparenta; se necesita nueva Ley ? [https://t.co/pTQbj7QZpp] pic.twitter.com/nxNJL6TAzk— Diario La Hora (@lahoragt) July 19, 2021
CUATRO PILARES: TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN
El titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) reconoció que Guatemala necesita una nueva ley de adquisiciones públicas que obedezca a las necesidades del Estado. “Estamos totalmente conscientes que lo que necesitamos es una nueva ley y eso es algo que vamos a comenzar, una ley debidamente socializada, más de primer mundo para que de alguna forma se adecue a lo que el país necesita”, aseveró.
No obstante, los cambios a la normativa vigente y su reglamento “van a aclarar muchísimo el uso de la ley y agilizará los procesos y que las auditorías que se tengan por parte de la Contraloría General de Cuentas pues sean menores, porque la ley de alguna forma está mejor explicada a través de su reglamento”.
La viceministra Mazariegos explicó que las reformas se centraron en cuatro categorías: una que garantizaran la protección del Estado, otra derivada de la Ley de Simplificación de Trámites, otra para mejorar la transparencia y la última para facilitar la gestión de adquisición al Estado.
TRANSPARENCIA
“Honestamente creo que es donde más avanzamos, aquí sí fuimos más allá de lo que pide la ley”, declaró Mazariegos, agregando que en el artículo 29 se publicaron los requisitos para adquirir bienes inmuebles, cuestión que detalló no estaba antes contemplada en la ley.
También se crearon 7 formularios electrónicos en Guatecompras para que aparezcan los documentos PDFs del proceso de adquisición, “que luego se vuelven datos abiertos y después consultas así que vamos a mejorar mucho el conocimiento de los concursos”.
Por otro lado, la modalidad de compra de baja cuantía poseía como único requisito adjuntar la documentación posterior a la compra. Con la reforma se estableció un plazo mínimo para que estos documentos sean publicados, así como las especificaciones de documentos necesarios. “Hoy pueden publicar a los 3 o 4 meses y no incumplen con la ley; estamos garantizando la transparencia de la baja cuantía y también cuáles son los documentos que deben publicar”, mencionó Mazariegos.
“Lo mismo pasa con la compra directa. Establecemos que, aunque sea una compra de forma inmediata qué documentos o requisitos deben de seguirse para que todo esté a la vista”, indicó la funcionaria y agregó que también se solicita que las unidades ejecutoras realicen planes que estén sometidos constantemente a revisión y renovación.
PROTECCIÓN DE INTERESES DEL ESTADO
Una de las reformas fue al artículo 57 bis el cual especifica la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, lo cual para Violeta Mazariegos son procedimientos “adecuados y claros” para proteger al Estado. “El reglamento lo tenía algo desordenado entonces hubo muchos casos donde no se pedían las garantías; no quedaba claro entonces en esos procesos el Estado quedaba desprotegido y después no se podían reclamar las garantías”, dijo la Viceministra.
Otro aspecto en el que se trabajó fue en la inhabilitación de proveedores a través de las “listas negras”. El artículo 60 establece los criterios para inhabilitar a un proveedor, entre estos incluye el incumplimiento de contratos y procedimientos, cambio de calidades, extensión de documentos falsificados, entrega a destiempo de la compra o cuando esta no se cumpla.
Según explicó Mazariegos, cualquier entidad cuyo proveedor haya incumplido el contrato deberá inhabilitarlo en Guatecompras. “Cuando el RGAE -Registro General de Adquisiciones del Estado-, Guatecompras o la unidad ejecutora inhabilita un proveedor, absolutamente nadie puede ni siquiera realizar una compra directa con ese proveedor. Esto será muy útil para ir depurando los proveedores”, indicó.
Asimismo, declaró que, si en el Minfin se recibe una orden de juez de un proveedor del Estado condenado por algún delito, estarán obligados a inhabilitarlo inmediatamente.
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
Las reformas también fueron realizadas con base en la Ley de Simplificación de Trámites, explicó la viceministra Mazariegos. “Esta ley obliga a que todas las reglas estén claras, hay mucha certeza jurídica. Si usted va a poner los requisitos, las condiciones tienen que estar definidas para evitar que en el camino vayan pidiendo cosas nuevas”, comentó.
Específicamente en el artículo 8 se dicta que todas las entidades deben actualizar sus manuales de compras y procedimientos; del mismo modo en el artículo 16 bis se solicita que se adjunten todas las bases para la adquisición de una compra. “Lo que queremos es que los proveedores no les pidan nada que no esté por escrito o que no esté regulado”, dijo la funcionaria.
FACILITAR COMPRAS AL ESTADO
“Al final ese es el objetivo del Estado, brindar bienes y servicios de calidad con la mejor transparencia posible”, argumentó Mazariegos. Según lo declarado por la viceministra se detectaron algunos factores por los que una adjudicación no se concreta. Explicó que durante la pandemia hubo escasez de productos y por una confusión en el reglamento “ninguna entidad” pudo comprar fuera del país.
“Con la pandemia hubo muchas cosas que escasearon en el país y la ley decía que el Estado lo podía comprar fuera del país con tres supuestos, pero usaba ‘y/o’, entonces había una confusión en que si tenía que cumplirse con las tres condiciones o solo con una de ellas. Por esta confusión ninguna entidad, a pesar de que durante el Estado de Excepción se permitió, pudo hacer compras afuera por temor a tener después problemas de contraloría”, remarcó.
Destacó que ahora estos tres criterios fueron aclarados.
NO SE RESOLVIÓ LA COMPRA POR URGENCIA
En la nota del 5 de julio de este año “Coma describe dificultades para surtir de insumos a los hospitales” el viceministro de hospitales del Ministerio de Salud, Francisco Coma aludió a que el proceso de compras en el exterior es complicado debido a que la ley no permitía compras por grandes montos. “Nuestra ley de contrataciones es bien complicada; para nosotros las compras directas o de emergencia son de montos bajos, entonces esto dificulta significativamente comprar en grandes volúmenes”, dijo Coma.
Se consultó si esta problemática ya había sido resuelta, a lo cual las autoridades del Minfin respondieron que no. “No, lamentablemente sí hubiéramos querido darle más facilidades al Estado para comprar de urgencia. Esto que le digo, esta reforma fue más que todo para proteger el Estado y para transparentarlo que para facilitar la gestión porque eso requeriría una reforma a la ley, digamos un procedimiento de licitación agregada, hay que ver los tratados de libre comercio, hay que cambiar los tiempos, o sea hay que tocar la ley”, explicó Mazariegos.
Antes que se derogara en la reforma existía la posibilidad que se declarara un Estado de Excepción para realizar una compra de emergencia nacional, sin embargo, “todo eso se quitó con esa reforma y ahora la única forma de autorizar compras grandes o emergentes es yendo al Congreso”, explicó la viceministra del Minfin.
Para ella la dinámica de compra por contrato abierto ha sido la más eficiente para estos casos:
“Creo que ha sido muy eficiente por el contrato abierto. Por eso también tenemos reformas en el reglamento para facilitarlo porque recuerdo que el año pasado en plena crisis nos sentamos con Salud y les hicimos una orientación para sacar rápido el contrato de bienes de protección e insumos, donde estaban las mascarillas y todo eso que no tenían. Levantamos el contrato en cuatro meses y hoy por hoy no volvió a sonar escasez de guantes, mascarillas, y otros, porque tenemos un contrato abierto”.
Sugirió que para no recurrir a declarar Estados de Excepción la vía debe ser avocarse al Minfin y gestionar contratos abiertos de compra. “Tenemos varios en cola tanto para Salud como para el IGSS, tenemos ya programados y ya tuvimos varias reuniones para acelerar los contratos”, aseguró Mazariegos.
VETADA CASI TRES MESES DESPUÉS DE APROBADA
El 28 de abril fue aprobado por el Congreso de la República el decreto 4-2021, con el cual 21 artículos fueron reformados, 5 agregados, 2 derogados y 3 transitorios se introdujeron a la LCE, no obstante, la ley fue vetada hace unos días. Para Violeta Mazariegos, viceministra de Transferencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, esto se debe a que fue un proceso largo de trabajo.
“Se hizo todo en el tiempo que se pudo, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Había que estudiar que no fuera nada que debilitara o contradijera la ley; trabajamos unos 3 meses a toda presión, son un montón de artículos los que se están cambiando y lo validamos con la Contraloría, la PGN. Es una reforma muy completa”, detalló.
Secundando lo anterior, el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci indicó que las reformas concretan ideas planteadas desde el gobierno anterior y fue un trabajo elaborado. “Le voy a ser sincero, esto viene desde hace años, porque incluso cuando yo era diputado fui vicepresidente de la mesa que hizo la última modificación al decreto 57-92 -LCE-”, dijo.
“Lo que se hizo ahorita fue de hace muchos años, de necesidades, sabiendo que hacer una nueva ley, aunque es algo que nosotros vamos a empezar a avanzar en las mesas técnicas para una nueva ley, sí era necesario de alguna forma fortalecer el reglamento porque esta ley tenía muchísimos parches y generaba ciertas confusiones”, argumentó el ministro González Ricci.
