Víctor Ferrigno F.
La Vicepresidenta Harris emprendió un viaje al sur del río Bravo cargado de simbolismo político. Vino a confirmar que van a afrontar el fenómeno de la migración en serio, y para ello tratarán de romper el círculo vicioso de la impunidad y la corrupción, con todas las medidas a su alcance, incluyendo una Fuerza de Tarea interinstitucional, de ámbito internacional, de la cual formaría parte la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual recibió reiteradamente el apoyo de la Vicepresidenta.
Esta Fuerza de Tarea brindará capacitación a las Fiscalías del Triángulo Norte, pero también tendrá efectivos en las Embajadas de EE. UU. para seguir la pista del dinero sucio, fruto de la corrupción y del crimen organizado.
El entendimiento de Harris con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue más fluido, pues la lucha contra la corrupción es la principal divisa del Presidente mexicano. Ambos gobiernos concuerdan en la necesidad de reducir la migración, pero discrepan en las modalidades. EE. UU. se centra en la lucha anticorrupción y el control fronterizo, AMLO insiste en invertir en las zonas de pobreza, para cambiar migración por desarrollo. Ambos Gobiernos firmaron una Carta de Entendimiento para promover el desarrollo social en los tres países del Triángulo Norte, mientras que con Guatemala no se signó ningún acuerdo.
El Presidente Giammattei sigue tomando el rábano por las hojas, y ha llegado a sostener que los “polleros”, los traficantes de personas, son los responsables de la emigración, por lo que hay que endurecer las penas contra ellos, obviando las causas estructurales. Si a penalizaciones severas vamos, también habría que perseguir a los hambreadores, aquellos que no pagan el salario mínimo, escamotean las prestaciones sociales de ley, contratan a niños, y cuando son sindicados corrompen a fiscales y jueces.
De los tres mandatarios, solamente AMLO habla abiertamente que es el sistema neoliberal y corrupto, concentrador de riqueza e impunidad, el que impide la perspectiva de una vida con justicia social a las poblaciones mesoamericanas, obligándolas a emigrar. Por ello su insistencia en la inversión social focalizada. EE.UU. ofreció U$ 4 mil millones para cuatro años; a Guatemala le tocarían US $333 anuales. Solamente en mayo pasado, los migrantes enviaron cuatro veces ese monto: US $1,236 millones.
Además de la migración y la corrupción, el tercer tema de interés de la Vicepresidenta fue la independencia judicial, entendiéndola como un elemento clave para enfrentar la impunidad y el latrocinio de los fondos públicos. En la reunión que sostuvo con representantes de la sociedad civil, reiteró este tema y les pidió ideas sobre cómo avanzar en este esfuerzo. Para ello acordaron que se creará una instancia permanente para mantener un diálogo propositivo.
Sin embargo, al día siguiente el Pacto de Corruptos dio posesión a Néster Vásquez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de estar pendientes impugnaciones sobre su elección. Para colmo, unas horas antes el Ministerio Público solicitó sendos antejuicios contra Vázquez, contra ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluida su presidenta, y contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rojas Cetina.
De acuerdo con las investigaciones de la FECI los diez magistrados están sindicados de participar en el amaño de las nóminas de aspirantes para la designación de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, dirigidos por Gustavo Alejos. Así, se hace evidente que esas tres cortes están cooptadas, carecen de legitimidad y sus resoluciones son inválidas. ¿Hasta cuándo seguiremos acatando sentencias de presuntos delincuentes?
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