Cuando empezó hace un año la pandemia estábamos en trapos de cucaracha para conseguir la suficiente dotación de pruebas para detectar los contagios y en, general, se puede decir que somos uno de los países que, al día de hoy, menos pruebas realiza, lo que obviamente se traduce en una pobre detección de contagios y cifras que no reflejan la realidad. Pero lo que resulta aún más preocupante es que la mayoría de las pruebas que se hacen en todo el país están siendo practicadas por laboratorios privados y no por el sistema público de salud, lo que nos puede servir como indicador de lo que nos espera para el futuro porque, lamentablemente, del lado del gobierno no se ve que logren conseguir suficiente dotación de vacunas para atender la demanda de la población.
Hoy mismo el laboratorio de datos nos enciende luces de alarma cuando informa que entre las personas vacunadas de acuerdo al “plan” elaborado por el Ministerio de Salud y que fijó para esta primera etapa la inmunización a las personas que atienden a pacientes y trabajan en primera línea, hay especificaciones de los cargos y ocupaciones que hacen que algunas personas puedan figurar en esos listados, pero uno de los porcentajes más altos corresponde a los que no tienen ninguna clasificación y simplemente son inscritos como “otros”, rubro que dio para incluir allí a más de quince mil personas. Los otros rubros se refieren a médicos, enfermeros y el resto del personal que atiende pacientes, que son los que supuestamente están más expuestos, pero resulta que 18% de los vacunados no encajan en ninguna de las descripciones que se establecieron en el “plan” para ir ofreciendo la inmunización.
Los primeros pasos de la vacunación, con una auténtica miseria de vacunas, permiten ver la ausencia de criterios que tienen las autoridades y su ceguera de no dejarse asesorar por los expertos, especialmente por epidemiólogos que pueden ofrecer mejores luces que las que tienen esas autoridades que, encerradas y sin asesoría, hicieron un plan que desde el principio se vio que sería un fiasco. La ventaja, paradójicamente, y por lo que el plan no ha tronado, es que no se han conseguido vacunas y posiblemente las mismas tardarán mucho en llegar, lo que debiera ser aprovechado para, revisar los errores que se han cometido, de buena o mala fe, como puede ser el caso de los alumnos de medicina de la Universidad Francisco Marroquín y los de Odontología de la misma casa de estudios, donde vacunaron hasta al personal administrativo, en un abuso inaudito proveniente de una casa de estudios que supuestamente pregona la idea de combatir cualquier tipo de privilegios.
Tengo la impresión de que, como con las pruebas, en Guatemala terminaremos con vacunas ofrecidas por los médicos y hospitales privados que tendrá que pagar el ciudadano. Lo que si aterroriza es pensar que nuestro deteriorado y maltrecho sistema de compras pueda abrir las puertas para que los que venden pruebas falsas y sus compinches también puedan vender vacunas igualmente falsas porque, en Salud Pública, lo que importa es la mordida y nunca la calidad de la medicina que compran.
