Por Denis Aguilar
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A través de una vista pública virtual, el Ministerio Público (MP) y Acción Ciudadana (AC) pidieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) dejar fuera del ordenamiento jurídico la Ley de Aceptación de Cargos.
Gilda Toledo, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del MP, dijo que dicha ley representa una violación al artículos 251 de la Constitución Política de la República, que detalla la redacción exclusividad penal que corresponde al MP.
Toledo mencionó que el MP puede instar el juez contralor a tomar solicitudes alternas en un proceso penal, como medidas desjudicializadoras, como la aplicación del criterio de oportunidad, suspensión de la persecución penal, así como el procedimiento abreviado.
En tal sentido, Toledo dijo que la Ley de Aceptación de Cargos no le permite al ente investigador verificar la conveniencia de la aceptación de cargos conforme a la investigación y acusación, ya que no da certeza de que un proceso sea terminados.
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“Al entrar en vigencia este decreto resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 251 de la Constitución, ya que esta disposición invade facultades exclusivas que la Constitución Política de la República le tiene encomendado al Ministerio Público”, señaló.
Además, dijo que si un acusado se retracte de la aceptación de cargos se crea una inseguridad jurídica, pues no se otorga una certeza de que en los procesos iniciados mediante esta forma pueden ser terminados, dejando abierta la posibilidad a prácticas maliciosas y dilatorias.
Indicó que lo aprobado por el Congreso contraviene la independencia judicial y el principio de seguridad jurídica.
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Toledo dijo que, a criterio del MP, el decreto 10-2019 contraviene preceptos constitucionales.
Mientras que la abogada de Acción Ciudadana, Valentina Witthohn, explicó que hay grupos que pretender lograr impunidad a toda costa, asegurando que Ley de Aceptación de Cargos pretende dar impunidad a aquellos que se han aprovechado de los recursos del Estado.
Witthohn mencionó que mediante esta ley se da la violación a la titularidad de la acción penal que corresponde al MP, así como la violación al principio de la tutela judicial, al desnaturalización del derecho penal y la falta de proporcionalidad en las penas.
En tal sentido, señaló que esta ley vulnera del derecho de defensa y el debido proceso, ya que se distorsiona el modelo del proceso penal acusatorio que rige en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Además, indicaron que se viola el acceso a la justicia y que muchas personas quedarían en la impunidad.
Por lo anterior, tanto el MP y AC pidieron a la CC que se declare con lugar la inconstitucionalidad general total en contra de de esta ley, ya que ocasiona perjuicio al sistema de justicia.
La Ley de Aceptación de Cargos, contenidas en reformas al Código Procesal Penal, fue aprobada por el Congreso de la República en noviembre del 2019 mediante el decreto 10-2019 y sancionada por el expresidente Jimmy Morales en diciembre de ese mismo año.
No obstante, varias organizaciones presentaron acciones de inconstitucionalidad, por lo que la CC decidió suspender esta ley en enero de este año.
