Por Cristian Velix
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Analistas consultados por La Hora coincidieron que el Congreso de la República no tiene argumentos para calificar que la resolución emitida por la Corte de Constitucional (CC) a favor de la fiscal general Consuelo Porras, por la elección de Cortes, sea ilegal.
Ese fallo fue un amparo definitivo otorgado a la jefa del Ministerio Público (MP), mismo por el cual el abogado José Roberto Hernández Guzmán solicitó la solicitud de retiro de antejuicio para cuatro magistrados, cuyo expediente original se niega a entregar el Legislativo.
En ese contexto, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana expresó que el Congreso, al igual que el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o cualquier persona, no puede calificar de ilegal las disposiciones emanadas por la CC, cuando esta actuó en el ejercicio de la competencia que le da la Constitución.
“Podrá ocurrir de que no estemos de acuerdo, podrá ocurrir que la sentencia no nos convence, pero solo exagerando la nota se puede decir que son resoluciones ilegales u órdenes ilegales, como decía el diputado Fernando Linares Beltranena”, añadió el profesional.
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No obstante, Orellana recalcó “que eso no se puede, porque la Corte estaba actuando en principio del cumplimiento de sus funciones” y agregó que el Congreso de la República, por ejemplo, dicta leyes que se está obligado a obedecer.
“Porque tiene la presunción in dubio pro legislatoris, porque el Congreso legisla fundamentado en lo que la Constitución le dice, pues el principio in dubio pro judex, en la duda, supone que toda resolución judicial está apegada a derecho”, agregó el abogado.
En esa línea, el constitucionalista dijo que si no se está de acuerdo con la resolución se puede apelar, pero hay un punto donde termina esa posibilidad, ya que la Constitución dice que no hay más de dos instancias en todos los procesos, por lo que el “Congreso no tiene ningún fundamento para calificar de ilegal esa resolución”.
“Lamentablemente el último Congreso y este ha estado integrado, dicho respetuosamente, no por una bola, sino por una recua de abusivos y entonces ellos se han auto calificado para dictar estas disposiciones y por eso mencioné al diputado Fernando Linares Beltranena”, indicó el entrevistado.
Orellana mencionó que debe de haber alguna forma de establecer el orden después de todo lo que ha ocurrido estos días, porque el problema es que Guatemala está saliendo “muy dañada” con estas actitudes.
“Nosotros mismos como país estamos quedando ante el mundo haciendo el ridículo, por un lado, pero ojalá fuera solo eso, tenemos el otro problema de que nos está haciendo un grave daño, porque qué inversionista, con cinco dedos de frente, va a querer venir a invertir a Guatemala sabiendo que este es un país casi anárquico”, puntualizó el abogado.
DIAZ: CORRESPONDE ACATAR EL FALLO
Por su parte, Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), manifestó que no “hay ningún argumento para decir que es una resolución ilegal y lo único que corresponde es acatarla”.
“No existe ningún margen de ilegalidad o que haya sido una decisión arbitraria, el Congreso puede hacer interpretaciones de la misma para poder llevar a cabo su aplicación en el pleno del Congreso al momento de efectuar la elección -de magistrados-”, añadió el profesional del derecho.
El integrante del ICCPG señaló que nadie es superior a la ley, pero lamentablemente el Congreso de la República sigue estando dominado por grupos de poder que están interesados por la “cooptación” del sistema de justicia y “han generado toda una estrategia en contra de los magistrados de la CC”.
“Eso lamentablemente más allá de procurar sus propios intereses estarían dañando gravemente la institucionalidad del país, que ya no es el sistema de justicia lo que está en riesgo, sino que es la propia institucionalidad”, subrayó Díaz.
El abogado comentó que eso sería un mal precedente, “sobre todo porque estamos en un momento complejo en donde la salud de los guatemaltecos es lo que está en juego, en donde se está tratando de combatir una pandemia que está cobrando muchas vidas en el país”.
Díaz expresó que el calificar los fallos de la Corte viene de Jimmy Morales, expresidente que fue quien “generó todas estas condiciones desfavorables y que sus actuaciones le van a generar un mal precedente al país”.
“Él fue el primero en burlarse del orden constitucional y no acatar las resoluciones de la Corte. Deviene de él esa práctica”, manifestó el profesional, quien indicó que ante esta situación lo que corresponde es que el MP y la fiscal general juegue su rol, al igual que el presidente de la república.
“Porque el presidente del Congreso forma parte de la bancada oficial y el presidente de la República podría, haciendo valer la unidad nacional, buscar una solución más política, más mediadora para que esta crisis no se agrave”, puntualizó Díaz.
