Por Grecia Ortíz
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) y Human Rights Firts, presentaron hoy una demanda en contra del Acuerdo de Tercer País Seguro firmado con EE. UU., por el que migrantes que buscan protección en ese país son enviados a Guatemala.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU., en Washington, D.C., y con ello busca detener la implementación del controvertido acuerdo de asilos que se firmó en julio pasado durante la administración del expresidente Jimmy Morales, que accedió a las peticiones de su homólogo Donald Trump.
El acuerdo, que en principio fue llamado de Tercer País Seguro y luego Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), ya se empezó a implementar y un estimado de más de 150 migrantes solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador ha llegado a Guatemala por este.
De acuerdo con la información compartida por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), hasta el 10 de enero el reporte señalaba que solo nueve migrantes habían manifestado interés en obtener un asilo, sin embargo, solo cuatro han continuado con el proceso.
El resto de los migrantes que han llegado al país han solicitado ayuda para volver a sus comunidades de origen.
Más de 100 migrantes centroamericanos han llegado al país como parte del Acuerdo de Tercer País Seguro firmado entre Estados Unidos y Guatemala en julio. ????https://t.co/SDimNicYY3
— La Hora Voz del Migrante (@LHVozMigrante) January 10, 2020
DEMANDA INVOCA VIOLACIONES A VARIAS LEYES
La demanda impulsada por ACLU está documentada en 54 páginas en el que señalan que, los solicitantes de asilo se encuentran desesperados.
Asimismo, tiene como nombre U.T contra Barr (Fiscal General William Barr), y la misma invoca violaciones a la Ley de Refugiados, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Ley de Procedimientos Administrativos.
SOLICITANTES DE ASILO NO TIENEN OTRA OPCIÓN QUE VOLVER A SU LUGAR DE ORIGEN
Rubén Loyo, abogado litigante de NIJC, destacó en un comunicado que los demandantes ilustran lo “despiadados que se han vuelto los ataques del gobierno Trump, en contra del sistema de asilo, y lo mucho que nos hemos alejado de nuestro propios valores como país”.
Asimismo, hace énfasis en que “por esta regla ilegal, y la manera perversa como el gobierno la ha etiquetado como Tercer País Seguro, EE.UU. está cerrándoles las puertas a los individuos que huyen de situaciones que amenazan sus vidas y los envía a un país en donde no se les garantiza su seguridad o protección”.
Ante esto, señala que los solicitantes de asilo no tienen otra opción más que retornar a sus países de origen, donde se ven expuestos a más violencia y desplazamiento.
La co-directora legal de CGRS Blaine Bookey, en tanto añadió que la política de la administración Trump es tan absurda como ilegal y pone a los solicitantes de asilo en peligro al enviarlos a Guatemala.
“El gobierno se ha burlado de las obligaciones de EE. UU., de proteger a los perseguidos, destripando al sistema de asilo de este país a un punto que lo hace irreconocible”
Blaine Bookey, CO-DIRECTORA LEGAL DE CGRS
Finalmente Hardy Vieux, vicepresidente legal de Human Rights First, manifestó que el gobierno de Trump quiere enviar a los perseguidos de regreso a donde están quienes los persiguen en vez de permitir que estas personas vulnerables puedan buscar asilo en EE. UU.
El acuerdo fue firmado el 26 de julio del año pasado en la Oficina Oval de la Casa Blanca y hasta la fecha se sigue sin conocer el contenido de los anexos, a pesar que en reiteradas ocasiones le fue solicitado al gobierno del expresidente Morales que los mismos fueran publicados.
