Por Eder Juárez
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Durante las elecciones del 2019, dos candidatos presidenciales no pudieron participar en la contienda electoral por no contar la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocida como finiquito.
Edwin Escobar y Thelma Aldana no participaron porque les fue revocada dicha constancia por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y cuando accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC), ésta tampoco les otorgó un amparo definitivo, sin embargo, ahora la CC sí lo emitió a varios diputados electos que a consideración de la Contraloría no cuentan con el finiquito
Según analistas consultados, el finiquito se ha convertido en algo opaco y de poca credibilidad.
ROSAL: SE HA CREADO UN TIPO DE ACORDEÓN
Renzo Rosal, analista independiente, indicó que ese tipo de instrumentos o requisitos que están relacionados con la probidad y la existencia o no de algún tipo de señalamientos y de procesos legales se ha hecho muy flexible en el país.
“Se ha creado como un asunto tipo acordeón, en un momento se es flexible y en otro se ve como severo, lamentablemente esto tiene que ver en esencia con instituciones de control gubernamental como la Contraloría que sigue siendo bastante débil. Lo otro es que el documento concreto, ha sido un instrumento que ha sido manipulado, y hasta por orden de jueces se les ha ordenado a la Contraloría a emitir el finiquito, ha sido un proceso poroso y que se ha prestado a la judicialización de la política y por lo tanto ha ido perdiendo validez”, señaló Rosal.
FLORES DE AC: CONTRALORÍA NO GOZA DE LEGITIMIDAD
Por su parte, Marvin Flores de Acción Ciudadana (AC), dijo que la Contraloría es un ente que tiene muy poca credibilidad y que si bien es cierto que es la institución encargada en el tema de finiquitos no goza de la legitimidad necesaria, “es una institución que ha manejado de forma discrecional ese tema de los finiquitos y en materia electoral debería ser estrictamente el Tribunal Supremo Electoral quien rija el proceso”.
En cualquier caso, el tema del finiquito aplica más al momento de ser candidato y a las elecciones y no al momento de que un candidato sea electo, indicó, “hay que tener en consideración el tema del rango constitucional del derecho de elegir y ser electos, ahora que ya fueron electos eso está por encima de un tema que puede ser administrativo”, dijo Flores.
