Autora: Linda Alay Medina
Instagram: @lindamedina
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Aunque se ha estudiado mucho sobre la pobreza y sus causas, se conoce poco de la riqueza y su acumulación. Oxfam señala que aproximadamente el 60% de la riqueza de los multimillonarios en el mundo es heredada, o bien tiene su origen en el clientelismo, la corrupción o los monopolios. Mientras tanto, el número de personas que viven en pobreza apenas ha variado en las últimas décadas.
Esto lleva a preguntarse: ¿cómo es que los ricos llegan a ser cada vez más ricos?
¿Cómo es posible que, mientras el 56% de la población guatemalteca vive en pobreza, cada año aumente el número de cuentas bancarias con más de un millón de quetzales, de 5,235 en 2008 a 31,814 en 2025? Así lo señala Guillermo Díaz, con base en datos de la Superintendencia de Bancos.
Esta realidad refleja una profunda desigualdad. Y no se observa únicamente en los ingresos, sino también en las condiciones en las que viven las personas, el lugar donde habitan, el acceso a servicios básicos, las áreas verdes y las oportunidades disponibles.
Para superar la pobreza en Guatemala durante los próximos años, considero necesaria la continuidad de gobiernos progresistas que prioricen el bienestar de la población y la reducción de la desigualdad en el centro de sus políticas.
Es necesario superar la práctica orientada en favorecer principalmente los intereses del sector empresarial y fortalecer al Estado como garante de derechos y redistribuidor de recursos.
En esa línea, Guatemala necesita una Política Nacional para la Reducción de la Desigualdad, que articule las políticas económicas y sociales para modificar las desigualdades estructurales que producen y reproducen la pobreza.
Una de sus prioridades debe ser poner fin a la feminización de la pobreza, particularmente entre las mujeres indígenas. El cuidado continúa familiarizado y feminizado, afectando la autonomía económica y el uso del tiempo de las mujeres. Por ello se necesita un sistema nacional de cuidados, aplicando las 5 R: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; recompensar el trabajo remunerado y garantizar la representación de las personas cuidadoras.
También se debe avanzar hacia la universalidad del sistema de protección social y evitar la privatización de derechos básicos. La educación, la salud, el agua y la
protección social son derechos y no bienes a los que pueden acceder únicamente quienes tienen capacidad de pago.
Esto requiere fortalecer el sistema fiscal guatemalteco bajo principios de cooperación y gobernanza solidaria. Las personas y empresas con mayores ingresos, patrimonio y capacidad económica deben contribuir proporcionalmente más.
También es necesario poner fin a los monopolios empresariales, fomentar dinámicas de competencia justa y regular al sector privado para garantizar salarios dignos y compromisos con la justicia climática, de género, de pueblos indígenas y de inclusión.
Finalmente, debemos construir una cultura anticorrupción y crear alianzas público-populares, permitiendo que pequeñas empresas, cooperativas, productores y economías de los pueblos indígenas puedan realizar negocios con el Estado y beneficiarse también de los recursos públicos.
Estas medidas deben discutirse mediante un debate nacional con amplia participación de la diversidad de pueblos y realidades del país. Durante los próximos años no basta con crear programas que alivien la pobreza. Es necesario modificar las estructuras que concentran la riqueza, el poder, la tierra, el tiempo y las oportunidades.
Superar la pobreza requiere unirnos, pero también atrevernos a cuestionar cómo se produce la desigualdad en Guatemala.
