Las diligencias del allanamiento practicado el viernes 18 recién pasado en el campus de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos (Usac), generó una multiplicidad de expectativas. Desde las ingenuas y cándidas al suponer que dicho despliegue policial obedecía a una eventual orden de captura hacia el usurpador Walter Ramiro Mazariegos Biolis hasta las más escépticas reacciones en el sentido que tan solo fue parte de un espectáculo sin mayores repercusiones.
Al día siguiente, el sábado 19, la Usac divulgó un comunicado que en nueve párrafos incurre en una serie de falsedades y, paradójicamente, reclama derechos que las actuales autoridades de esa «casa de estudios de enseñanza superior» les ha negado a diferentes sectores que pertenecen a su comunidad educativa. Ya mencionaremos algunos aspectos del contenido del panfleto universitario.
Antes, una explicación sobre uno de los términos empleados para el titular de esta columna. La palabra rábula en el Diccionario de la Lengua Española, literalmente significa: «abogado indocto, charlatán y vocinglero»; en tanto el vocinglero es aquel que habla mucho y vanamente. Esto es porque desde una cuenta anónima que antes defendía a la anterior administración del Ministerio Público, salió una serie de quejas alegando el irrespeto al debido proceso y denunciando la ilegal orden del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
La orden de la valiente juez que suscribió la realización del allanamiento practicado se fundamenta en la Carpeta Ministerial: MP001-2026-34782 CONEX: MP001-2026-36036 MPE01-2026-48647 y MP001-2026-48732; es decir, al menos en cuatro memoriales se apoya la autorización practicada. En el oficio dirigido al Agente Fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción, del Ministerio Público, se subraya que tal diligencia tiene un plazo de 24 horas y deberá ser practicada por única vez.
En ese oficio se «autoriza al Ministerio Público la identificación, recolección, descarga, extracción, preservación y análisis de registros informáticos, bitácoras de acceso/cambios (logs) bases de datos, repositorios de almacenamiento y demás activos legales digitales que conformen, soporten o interactúen con el funcionamiento del sistema informático del “portal.registro.usac.edu.gt”, el subdominio y sistemas informáticos asociados, tanto para la infraestructura de servidores físicos, entornos virtuales, almacenamiento en la nube o software como servicio de terceros del período del 01 de enero de 2026 al 31 de julio de 2026, la cual será utilizada para realizar análisis pericial informático correspondiente».
Tal misión no es poca cosa. Y los resultados de los peritajes pondrán en evidencia, una vez más, todas las falsedades vertidas por el usurpador y sus corifeos. Pero, ahora habrá pruebas y podría ser el principio del fin para esa administración llena de «chanchullos» que tanto daño le están haciendo a la sociedad guatemalteca y al futuro de las nuevas generaciones de profesionales. Llegados a este punto es en donde comprenderá el apreciable lector la actitud rábula de algunos abogados y el servilismo de los más allegados al señor Mazariegos. Todos han entrado en modo pánico sin duda alguna.
Inicialmente tenía la intención ejemplificar mediante el vínculo correspondiente esos argumentos llenos de charlatanería jurídica propios del rábula, pero después me arrepentí para no sobredimensionar a esos pobres y frustrados leguleyos que merodean alrededor del caso comentado.
Veamos el panfleto universitario. En el segundo párrafo del citado comunicado se afirma que «el propio MP dispuso la suspensión de las actuaciones al advertir circunstancias… sobre la legalidad de la medida». Falso. Horas antes el MP explicó los alcances y logros del allanamiento practicado.
En el siguiente párrafo «considera indispensable que cualquier investigación se realice con pleno respeto a la autonomía universitaria, la seguridad jurídica, los derechos humanos y las garantías fundamentales …». Aliviados estamos, tales circunstancias han sido negadas reiteradamente por el Consejo Superior Universitario, su Dirección de Asuntos Jurídicos, el Secretario universitario y el propio falso rector.
El doble o múltiple rasero aplicado en los párrafos siguientes es deleznable. Se «preocupa por la amplitud e impacto de una medida de esta naturaleza sobre el funcionamiento de la principal institución pública de educación superior». Y el fraude aplicado, las medidas de coerción y la criminal actitud de borrar expedientes de universitarios opositores, ello no impacta. Sinvergüenzas son esa partida de rastreros empleados que medran de las granjerías del impostor para continuar dilapidando los recursos universitarios.
Finalmente, en unos días sabremos del resultado de tan acucioso proceso investigativo. Algunos ya estarán padeciendo de malestares estomacales por haberse prestado al juego del impostor, cual obedientes sin criterio propio.
