Reprodujimos ayer la carta enviada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para refutar los conceptos de lo que hemos venido publicando respecto al papel de la Secretaría Privada en la coordinación de las distintas dependencias del gobierno. El Ejecutivo tiene todo el derecho a expresar sus puntos de vista y nosotros los publicamos, pero también tenemos un enfoque distinto que sostenemos y que, además, hemos comprobado con evidencias como las del sobreprecio de algunas obras.
Es importante dejar en claro que, contrario a lo que hace el Gobierno cuando se les alerta que algo no está bien, La Hora tomó las medidas pertinentes con quien recibió la respuesta la Secretaría Privada el 14 de septiembre porque es nuestra obligación trasladar las posturas solicitadas.
La Secretaría Privada, en comunicación también enviada a La Hora por medio de la Secretaría de Comunicación Social, sostiene que las funciones actuales que tiene fueron establecidas en el Acuerdo Gubernativo 87-2025 que establece la coordinación con el resto del gobierno sin que ello implique ejercer autoridad. La Hora ha venido descubriendo que no se mueve la hoja del árbol sin el visto bueno de esa Secretaría que ha jugado un papel clave no solo en lo que ellos llaman “delivery unit”, modelo impulsado por el BID, sino para cuestiones tan importantes como los nombramientos de ministros y el manejo de la famosa Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que elimina hasta mecanismos de control que, ciertamente, no eran eficientes pero sí dificultaban la ágil operación de negocios con los fondos públicos.
La Hora comparó el papel de la Secretaría Privada con el que desempeñó el Centro de Gobierno que dirigió Miguel Martínez en tiempos de Giammattei. La respuesta de la Secretaría es que ese Centro de Gobierno no tenía fundamento legal, como sí lo tienen ellos ahora con el Acuerdo 87-2025, y que por eso fue cerrado. Pero todos sabemos que aún con el cierre del Centro de Gobierno, Miguel Martínez siguió siendo el mero centro de todo el gobierno, situación que nosotros sostenemos ahora desempeña la Secretaria Privada de la Presidencia, amparada por un acuerdo que, sin duda, ella misma preparó para que firmara el Presidente y sus ministros.
Respetamos el derecho que tiene el régimen por medio de sus diferentes instancias a exponer sus puntos de vista y nosotros tenemos el mismo derecho que ejercemos siempre pero, sobre todo, viendo lo que ha ocurrido no solo en el MICIVI sino en el INDE y muchas otras dependencias públicas que siguen operando con la misma precisión y resultados que lo que se hacía ya desde el Centro de Gobierno en tiempos de Giammattei.
Desde la Secretaría Privada, con la autorización del Presidente, se coordinan las acciones entre Ejecutivo y el Congreso, con diputados oficialistas que juraron ser diferentes y con el uso de los Presupuestos para asegurar los pactos políticos, especialmente, roseando de dinero a los contratistas de obra pública, entre otros. Han actuado como los gobiernos que tanto criticaron y ahora que está la elección del Contralor General de Cuentas, doblan las manos de los actores para salirse con la suya. Que no le extrañe a nadie que el negocio de los puentes subsista tras la auditoria que solicitó Arévalo.
Coordinar la función gubernamental es importante, como lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y más en un país cooptado por mafias que, si mucho, se van relevando sin que nada cambie, más que el tamaño de las “utilidades” que reporta ese sucio modelo.
