Ya más advertencias no puede haber. La sequía que estamos viviendo impactará dramáticamente a los guatemaltecos pobres y excluidos. Todo apunta a una crisis alimentaria.
Esta crisis tiene dos dimensiones, una humanitaria y otra de orden estructural.
En la dimensión humanitaria habrá de atenderse con prontitud el hambre de los pobres. Los que no son pobres no pasarán hambre. Por eso, esta crisis no puede ser enfrentada con criterios burocráticos y tecnócratas. No es igual a otro tipo de crisis, como terremotos, huracanes, etc. No se trata simplemente de ejecutar protocolos y otras acciones similares, aunque hay medidas básicas que son de necesaria aplicación.
La dimensión humanitaria requiere, sin duda, mecanismos efectivos para llevar alimentos a las víctimas. Y este será el reto inmediato. Para esto se requerirá un funcionamiento eficaz de las instancias gubernamentales encargadas de hacerlo, así como de un deseable apoyo de otros actores no estatales que se sumen ordenadamente a este proceso. Pero hay graves riesgos que podrían anular el impacto de estas medidas y estos son la corrupción y el clientelismo político. El contexto electoral que ya está instalado es un poderoso incentivo para que estos riesgos no solo se concreten, sino que se potencien. Los políticos perversos tendrán tres incentivos para actuar en este rumbo. Uno es el interés de acumular un sustento económico para poder vivir sin ordeñar la vaca pública, es decir el erario nacional, en caso ya no sigan en cargos públicos. Otro es la necesidad de dinero para realizar su campaña electoral. Y, uno más, será ganarse la simpatía de los presuntos votantes para las próximas elecciones, manipulando su imperiosa necesidad de comer.
La segunda dimensión, la estructural, requiere una visión estratégica por parte del gobierno. Entender quiénes son las víctimas y por qué les toca esa triste condición. Como ya lo dijimos, las víctimas son los pobres y excluidos, quienes mayoritariamente habitan en los territorios rurales.
La pobreza monetaria en el área rural alcanza al 66.3% de la población y medida como pobreza multidimensional esta cifra sube al 76.3%. El promedio nacional de pobreza general es del 56%.
Otro indicador fundamental de esta situación es el índice de desnutrición crónica infantil. Guatemala ostenta el vergonzoso primer lugar en América Latina. A nivel nacional, 42% de los niños menores de 5 años están desnutridos y, en las áreas rurales, esta cifra llega al promedio del 53%, con grandes diferencias geográficas y étnicas. En Totonicapán, Huehuetenango y Quiché, el porcentaje es de aproximadamente 68%. En algunas comunidades indígenas, este porcentaje se acerca al 80%.
Los referidos índices de pobreza y desnutrición crónica infantil hay que compararlos con las cifras macroeconómicas que reporta el Banco Mundial con relación a la economía de Guatemala, que la clasifican como de renta media alta, lo cual significa que el ingreso promedio per cápita oscila entre $4,636 y $13,935/14,375 anuales (dólares estadounidenses). O sea que estaríamos al mismo nivel que países como Argentina o Costa Rica.
Lo que pretendo subrayar al señalar la relación que tenemos en Guatemala entre pobreza y desnutrición crónica infantil y economía de renta media alta, es que existe una pobreza tremendamente generalizada en una sociedad profundamente desigual. Y esa es la dimensión estructural que debemos considerar al abordar el tema de la crisis alimentaria que está a punto de producir una posible tragedia nacional.
Por eso, la dimensión humanitaria en la atención a la crisis alimentaria debe abrir camino al abordaje de la otra dimensión, la estructural. Esto significa entender que un Estado tiene un Misterio de Agricultura con el propósito fundamental de garantizar que haya alimentos para quienes viven en su territorio. Y, en tal sentido, hay que tener presente que, según FAO, es la agricultura familiar la que produce el 70% de los alimentos que consumimos, razón por la cual, fomentarla debería ser el programa insigne del Ministerio de Agricultura. Pero comprendiendo que la agricultura familiar es una política económica, no una social y, como tal, no sólo produce los alimentos que la población requiere, sino que también es un camino para escapar de la pobreza para quienes se dedican a ella.
Esta crisis alimentaria y su posible derivación hacia una situación trágica, demanda una contundente respuesta del Gobierno en los dos sentidos referidos, el humanitario y el estructural.
