Los tres puentes que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó por Q276.94 millones y que están bajo cuestionamientos a la sombra de una posible sobrevaloración de hasta Q148.6 millones fueron contratados mediante un procedimiento de emergencia que permite al Estado invitar a oferentes para que presenten sus propuestas.
El mecanismo utilizado por la Dirección General de Caminos (DGC) está contemplado en el artículo 95 del Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, y establece una modalidad especial de licitación por emergencias.
La aplicación de este procedimiento reduce los tiempos de contratación frente a un proceso ordinario y restringe la participación a los proveedores que son invitados por la entidad contratante.
El procedimiento adquiere relevancia debido a que los tres puentes cuestionados fueron adjudicados entre el 25 de junio y el 2 de julio de 2026, después de procesos que duraron apenas siete días entre la publicación y la adjudicación de los contratos. En dos de los tres concursos solo se calificó una propuesta.
En las bases para la reposición del puente vehicular Santa Bárbara, Caminos señala expresamente que elaboró una “lista de posibles oferentes” para que presentaran propuestas, de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
El documento identifica el procedimiento como “Adquisición Competitiva” y establece fechas específicas para la presentación de ofertas. La convocatoria fue publicada el 25 de junio de 2026 y la recepción de ofertas se programó para el 30 de junio.
Esto significa que la utilización de la modalidad especial implica que no cualquier empresa interesada puede participar libremente en las mismas condiciones que en una licitación pública ordinaria. La entidad contratante parte de una lista de posibles oferentes a quienes invita a presentar una propuesta.
La normativa fue creada precisamente para agilizar la atención de situaciones consideradas de emergencia en infraestructura vial. El artículo 95 permite utilizar una modalidad especial de licitación por emergencias para atender riesgos ocurridos o inminentes y ejecutar trabajos de reconstrucción, remozamiento, protección o mitigación.
TRES PUENTES: Q276.94 MILLONES
Los proyectos que ahora generan cuestionamientos son el puente Moca, en Chicacao, Suchitepéquez; Las Pericas, en Morazán, El Progreso; y Santa Bárbara, en San Jerónimo, Baja Verapaz.
Los contratos fueron adjudicados de la siguiente manera:
- Moca: Q130.32 millones a Constructora Elemento.
- Las Pericas: Q68.34 millones a Metro Construcciones, S. A.
- Santa Bárbara: Q78.28 millones a Grupo Técnico en Construcción Serima, S. A.
En conjunto, las adjudicaciones alcanzan Q276.94 millones.
Norma Zea miente: los planos para cotizar están en Guatecompras
La Hora publicó que una cotización realizada con una empresa especializada en construcción de puentes, utilizando los planos y especificaciones técnicas disponibles en Guatecompras, estimó que las tres estructuras podrían construirse por alrededor de Q128.25 millones.
La diferencia frente a los contratos adjudicados alcanza hasta Q148.6 millones, aunque se trata de una posible sobrevaloración, no de un monto oficialmente determinado como sobreprecio.
PARTICIPACIÓN LIMITADA
El propio desarrollo de los concursos muestra el efecto que puede tener el mecanismo de emergencia sobre la participación.
De acuerdo con la investigación publicada por La Hora, en el concurso para el puente Moca solo participó una empresa, Constructora Elemento. Para Las Pericas se presentaron más ofertas y Metro Construcciones resultó ganadora, mientras que el proceso de Santa Bárbara también tuvo una participación limitada.
La rapidez también es parte del mecanismo. Los tres concursos fueron publicados el 25 de junio, las ofertas se recibieron el 30 de junio y dos días después la comisión encargada recomendó las adjudicaciones. Los contratos fueron posteriormente aprobados por Caminos y por la autoridad superior del CIV.
La modalidad, por sí misma, no significa que las adjudicaciones sean ilegales. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria contempla este procedimiento para atender emergencias y agilizar obras en determinados tramos.
El cuestionamiento surge en este caso por las condiciones concretas de las contrataciones: ¿quién decidió el listado de invitados y bajo qué criterios?, la limitada participación, la experiencia de las empresas adjudicatarias, la diferencia entre los montos contratados, el ocultar las ofertas y la cotización realizada por La Hora.
ZEA DEFENDIÓ LA ADJUDICACIÓN
La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, ha defendido los procesos y ha señalado que las obras fueron adjudicadas bajo la normativa de infraestructura vial prioritaria. Cuando La Hora la cuestionó sobre la posible sobrevaloración y los criterios utilizados para comparar los precios, Zea cuestionó la metodología utilizada para calcular los costos.
“A mí me encantaría saber cuáles son los planos que ustedes utilizaron para poder hacer sus costos comparativos con estas obras”, respondió.
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La funcionaria argumentó que los proyectos fueron contratados bajo la modalidad de diseño y construcción, por lo que los planos definitivos serían producto del diseño que debe desarrollar el contratista.
Sin embargo, La Hora hizo la comparación de costos utilizando los planos y especificaciones técnicas publicados en Guatecompras, precisamente con el objetivo de comparar las obras bajo las mismas condiciones técnicas establecidas en los concursos.
Los planos, como se explicó en una nota publicada el pasado 27 de agosto, sí están en Guatecompras.
La Hora preguntó al CIV sobre a quiénes más invitaron y con qué criterios fueron seleccionados los contratistas, pero hasta el cierre de edición de este trabajo no se había obtenido una respuesta.
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LEY PARA ACELERAR OBRAS
La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria fue aprobada para establecer mecanismos que permitan intervenir con mayor rapidez en rutas consideradas estratégicas y atender situaciones de emergencia.
El artículo 95 es uno de los mecanismos centrales para ese propósito. El CIV y COVIAL ya han utilizado esta modalidad durante 2026 para adjudicar proyectos de mantenimiento y recuperación vial. La Hora reportó en marzo que los primeros contratos bajo este esquema sumaron Q290.81 millones.
El problema que ahora queda planteado no es únicamente la utilización de la modalidad de emergencia, sino cómo se aplicó en estos tres proyectos y si los controles establecidos fueron suficientes para garantizar competencia, precios razonables y transparencia.
Mientras el CIV defiende la legalidad del mecanismo y la necesidad de agilizar las obras, los tres contratos continúan bajo cuestionamiento por la diferencia de precios calculada por la empresa experta y consultada por La Hora, la experiencia de las empresas adjudicatarias y la reducida participación que se registró en algunos de los concursos.
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ZAPATA: IMPLEMENTAN LEY COMO QUE FUERA «BUFÉ»
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) lamentó que las autoridades se hayan centrado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para implementar la norma, y han dejado de lado una serie de disposiciones —por lo menos 18— que tienen retraso en su implementación.
Aunque, en relación con las recientes adjudicaciones de puentes, el entrevistado considera que pueden implementarse estándares más altos para hacer las contrataciones por emergencia, afirma que el sistema de contratación de infraestructura existente «es bastante laxo y fomenta que se den ese tipo de contratos a la medida».
«El uso del artículo 95 era para la reparación de carreteras en lo que se empezaba a conformar la nueva DIPP —Dirección de Proyectos Viales Prioritarios—, pero pareciera que escogieron implementar la ley como un bufé, donde solo han usado el artículo 95, pero no han hecho nada más de lo que la ley manda», cuestionó.
El fin de este artículo, agregó Zapata, era la transición y no «quedarse con el mismo sistema por un tiempo, y lo que vemos es que lastimosamente no se está cumpliendo la ley, ni desde el Ministerio de Comunicaciones, Finanzas ni Segeplan».
Zapata consideró que por esas razones es importante «en este momento exigir el cumplimiento de la Ley» porque hay plazos que ya se vencieron y otros que están por vencerse. La Ley busca cambiar por completo la manera de hacer contrataciones de obra pública en procesos en los cuales se paga la obra hasta que se cumplen indicadores de servicio, que es como se hace en países «medianamente desarrollados», subrayó.
Al ser consultado por la adjudicación de los tres puentes a empresas con limitada experiencia que ni siquiera cuentan con un sitio de internet para corroborar sus proyectos previos, Zapata respondió que «lastimosamente esa ha sido la deficiencia de todo el sistema de contratación» en el CIV, e insistió en la importancia de empezar a hacer las contrataciones con base en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, para generar «un sistema mucho más efectivo basado en indicadores de eficiencia y competencia».
«El sistema que tenemos no invita a la competencia internacional. «Para eso se crea la DIPP para generar contratos de pago por servicio, que se empiezan a pagar hasta que el servicio ya esté funcionando», concluyó.
