A cuatro semanas de que el Congreso de la República recibió la iniciativa de ley de aguas, impulsada por legisladores que conforman la comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, el jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), José Inés Castillo, presentó la propuesta de ley general para la gestión integral y sostenible del recurso hídrico.
La iniciativa de ley con registro 6834 se suma a las 39 propuestas sobre la materia que ha recibido el Organismo Legislativo en varias décadas. La bancada UNE fue reservada para dar una declaración sobre la iniciativa de ley que promovió el Gobierno de Bernardo Arévalo.
Mientras tanto, Castillo explicó que la idea es debatir el tema en el Pleno del Congreso por ser un tema pendiente para la población, de forma específica para usuarios, comunidades y municipios que tienen su propia cuenca.
El diputado agregó que se busca la conservación y protección de las cuencas y democratizar la gobernanza de las mismas, donde haya participación de todos.
Dicha propuesta de ley, que consta de 52 artículos, busca ordenar las categorías del agua, entre ellas la subterránea, la superficial, el balance hídrico, bosque de galería, cauce principal, cauce tributario, cuenca alta, media y baja, cuenca degradada, cuenca equilibrada, cuenca especial, cuenca hidrográfica y cuenca semi-equilibrada.
Además, una cuota por gestión hídrica, donde también se busca definir el uso, entre ellos el familiar, social, productivo comercial, productivo agrícola, productivo industrial.
El ponente de la iniciativa contempla que se cree el Consejo Nacional del Agua (Conagua), mientras que la iniciativa del grupo de diputados busca crear la superintendencia de Aguas.
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONAGUA
El planteamiento de Castillo es que el Conagua se conforme por dos representantes que designe el presidente de la República en Consejo de Ministros, un designado por el Instituto Nacional de Bosques (Inab), dos delegados de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), dos delegados del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y un director general de Conagua, como un director del comité de cuenca y un director del centro nacional de investigación hídrica (Cenih).
Además, se crea el registro de balance hídrico, para garantizar la «publicidad, transparencia y acceso a información técnica recopilada por el Cenih» en el ejercicio de las funciones legalmente asignadas.
El Conagua funcionaría con un Fondo Nacional de Agua (Fonagua) y la fuente de financiamiento serían ingresos provenientes de préstamos e insumos públicos, privados, de cooperación nacional o internacional, reembolsables, ingresos provenientes de las cuotas por gestión hídrica, ingresos asignados en el Presupuesto General de la Nación, herencias, legados o donaciones de cualquier persona o entidad pública o privada, bienes adquiridos por cualquier título relacionado con los proyectos de gestión del recurso hídrico.
También por intereses que generen sus recursos o cualquier otro tipo de ingreso generado por sus operaciones, por contratos o convenios que celebre.
La cuota por gestión hídrica, según explica el artículo 36 de la iniciativa de ley, que será establecida de manera diferenciada y en función de la caracterización de las diferentes cuencas.
A la vez, se promueven incentivos económicos a los usuarios, que reconocerán los proyectos, obras o buenas prácticas por los diferentes usuarios del agua.
Por último, en la iniciativa de ley de Castillo se busca derogar el Acuerdo Gubernativo 19-2021, disposiciones para promover la protección y conservación de cuencas hidrográficas de la República.
