Autora: Lourdes Reyes
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La publicación del Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2025-2026 elaborado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) vuelve a evidenciar la triste y devastadora realidad: la niñez y la adolescencia continúan en el epicentro de la toma criminal en Guatemala. Lejos de mostrar avances sólidos respecto a periodos anteriores, los balances institucionales reflejan deficiencias reiteradas y cómo las situaciones de vulnerabilidad solo crecen. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los registros oficiales de atención y detección mostraron cifras sumamente elevadas de víctimas y sobrevivientes, destacando que el grupo más afectado y vulnerable está encabezado por adolescentes de entre 13 y 17 años.
Un proyecto de vida fallido
El informe de la SVET y los reportes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirman que el reclutamiento forzado a manos de pandillas y redes organizadas funciona como una forma directa de trata de personas, atrayendo a menores de entre 8 y 13 años para aprovecharse de su inimputabilidad penal y reclutarlos como transportadores de ilícitos, recaudar dinero para extorsiones, dejar teléfonos en negocios para la extorsión, así como para el traslado de armas y drogas. En cuanto a las niñas, además de ser utilizadas para dejar teléfonos en negocios para la extorsión, son utilizadas para fines sexuales.
Lo más preocupante es que este tipo de reclutamiento ya no solo se limita a espacios públicos como escuelas o parques, sino que ha evolucionado a redes sociales y videojuegos mediante perfiles falsos y dinámicas de ciberacoso, según investigaciones de Diálogos y el informe de la SVET; esto hace que se interrumpa la educación formal de la niñez y destruye cualquier posibilidad de desarrollo, privándolo de una vida digna y exponiéndolo directamente a una muerte violenta o al encierro.
Género y violencia sexual
La desprotección de las infancias tiene una brecha considerable de género:
Violencia sexual: Datos del Observatorio de Derechos y Gobernanza Social (ODGS/CIIDH) y guías de Cuéntanos documentan cómo las adolescentes son víctimas de agresiones sexuales continuas, explotación sexual comercial forzada y servidumbre doméstica como mecanismos de control dentro de las estructuras criminales.
Un sistema que solo castiga: Cuando estas menores logran ser interceptadas por las fuerzas de seguridad, el sistema judicial frecuentemente cambia la carga de la culpa: las procesa y criminaliza como pandilleras sin reconocerlas como víctimas directas de trata, sin tener en cuenta que su vinculación al delito es la evidencia del abandono y la desprotección del mismo Estado que las condena.
Cifras ocultas: Estimaciones de Naciones Unidas citadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) indican que por cada víctima identificada existen al menos 30 que permanecen en el anonimato. Al proyectar esta estadística (1 a 30) sobre los datos oficiales del Ministerio Público de Guatemala –que contabilizó 3,322 víctimas registradas entre los años 2013 y 2023–, se revela una cifra negra: cerca de 99,660 personas habrían sido explotadas sin que las autoridades llegaran a tener conocimiento formal de sus casos. Esta brecha evidencia que las estadísticas estatales apenas muestran la superficie del problema y la falta de capacidad institucional para intervenir y actuar de manera anticipada.
La urgencia de una colaboración interinstitucional eficiente
El Informe de Balance sobre la Justicia Especializada en Trata de Personas realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC– y las evaluaciones de la Política Pública 2014-2024 demuestran la incapacidad del Estado:
Según datos de UNODC y SVET, de los 22 departamentos del país, únicamente Guatemala y Quetzaltenango cuentan con la presencia simultánea de PNC, Ministerio Público y Juzgados Especializados, dejando al resto del territorio en un grave abandono estatal. Esta situación se agravó en 2024 cuando, a pesar de la inauguración de una Sala de Apelaciones especializada en delitos de trata de Personas, el Organismo Judicial redujo el presupuesto para estos juzgados a Q13.7 millones lo que corresponde a menos del 1% de su presupuesto global, y casi al mismo tiempo otros mecanismos prometedores y claves en la prevención y apoyo esencial como el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) suspendió su operatividad por decisiones administrativas que no permitieron que se siguiera aplicándose a nivel nacional.
Juzgados que archivan y sentencias que no llegan
El filtro del sistema judicial demuestra que los trámites burocráticos para imponer una pena no se reflejan en sentencia ni mucho menos en una reparación digna para las víctimas:
El 42% de los casos termina en archivo, el 25% en clausura provisional y el 16% en sobreseimiento; solo una mínima cantidad llega a juicio o sentencia. Según datos oficiales del Ministerio Público.
En Quetzaltenango, solo el 9.1% de los casos ingresados por trata llegó a sentencia. En departamentos como Petén o Huehuetenango, los juzgados especializados casi no han emitido condenas por este delito.
Detrás de cada estadística archivada, de cada alerta Alba-Keneth y de cada cifra oculta hay niñas, niños y adolescentes con nombres y proyectos de vida truncados. Mientras sigamos normalizando estas prácticas delictivas y no reconociendo esta situación como una falla colectiva entre las instituciones y la sociedad, no podemos tener una solución realista para el desafortunado destino de muchas infancias. Una comunidad que calla cuando sus escuelas se quedan vacías y sus jóvenes son obligados al crimen es una sociedad que se condena a sí misma.
