La campaña electoral ni siquiera debería haber comenzado y el ambiente político ya empieza a mostrar señales de una confrontación que preocupa. Una cosa son las diferencias, los señalamientos y los debates propios de la política; otra muy distinta es llegar a acusaciones relacionadas con posibles amenazas contra la vida de una persona. Sin prejuzgar sobre su veracidad, lo denunciado obliga a reflexionar sobre el tono que está adquiriendo la discusión pública. Si estas son las vísperas… ¿cómo será la campaña?
EL PROBLEMA: Recientemente, un medio de comunicación publicó un comunicado en el que uno de sus principales directivos denuncia supuestas amenazas contra su vida. El documento contiene señalamientos que, por su naturaleza, requieren ser esclarecidos e involucran a distintas figuras políticas. Se hace referencia, incluso, a una supuesta contratación de sicarios y a una reunión en la que presuntamente habrían participado varias personas.
No pretendo determinar quién tiene la razón ni sumarme a quienes han convertido el episodio en una oportunidad para atacar, defender o tomar partido. Sin conocer las pruebas ni el resultado de una investigación, prefiero no adelantar conclusiones. Lo importante ahora es que pueda establecerse qué ocurrió realmente.
¿QUÉ PASÓ? El comunicado surge en medio de confrontaciones públicas que ya venían produciéndose entre algunos de los involucrados, pero esta vez aparecen acusaciones de una naturaleza distinta.
Las reacciones fueron inmediatas. Surgieron cuestionamientos, defensas, análisis periodísticos y políticos e interpretaciones de todo tipo. Era previsible. El riesgo es que un asunto de esta naturaleza termine incorporándose a la confrontación política y que la discusión sobre los hechos pase a segundo plano.
Y esto debería encender una alerta sobre lo que viene. Hoy una acusación puede difundirse en cuestión de minutos y provocar reacciones antes de que exista tiempo para comprobar los hechos. Después vendrán las aclaraciones, rectificaciones o investigaciones, pero para entonces buena parte de la opinión pública puede haberse formado una conclusión. Si antes de iniciar formalmente la campaña ya resulta difícil separar hechos, versiones y opiniones, imaginemos cuando entren en juego con mayor intensidad la desinformación y la inteligencia artificial. La posibilidad de montajes, audios, fotografías y videos manipulados hará todavía más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Ese será uno de los grandes desafíos de la próxima campaña.
NO SE VALE que acusaciones de semejante naturaleza puedan terminar reducidas a otro episodio de confrontación política. Quien considere que su vida está amenazada tiene, por supuesto, todo el derecho a denunciarlo y solicitar protección. Quien sea señalado tiene derecho a la presunción de inocencia. Y la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad.
Cuando una denuncia involucra posibles delitos y alcanza a personajes de la vida pública, esclarecer los hechos se convierte en un asunto de interés nacional.
En el capítulo de ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana hago un análisis jurídico y político del tema, pero principalmente planteo una preocupación: si así son las vísperas… ¿cómo será la campaña? Podíamos anticipar que la próxima contienda sería intensa; lo que corresponde preguntarnos desde ahora es cuáles serán los límites de esa confrontación.
YA ES HORA de exigir responsabilidad. Las denuncias de esta naturaleza deben ser conocidas e investigadas por las autoridades competentes, respetando en todo momento el debido proceso. La discusión pública no puede sustituir el trabajo de las instituciones responsables de investigar.
Sí nos corresponde exigir instituciones que funcionen, actúen con independencia y permitan conocer la verdad. Pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos: no compartir automáticamente todo lo que recibimos, distinguir una denuncia de un hecho probado y procurar que nuestras simpatías o antipatías políticas no condicionen la manera en que valoramos la información. Una democracia también se construye desde la forma en que nos informamos.
La campaña política no puede convertirse en un espacio donde cualquier acusación se dé automáticamente por cierta ni donde toda denuncia sea descartada por razones políticas. Ambos extremos son peligrosos. La democracia necesita debate, crítica y confrontación de ideas, pero también responsabilidad y respeto por las reglas.
Pero por otro lado quien hizo la denuncia tiene la obligación con la ciudadanía de hacerla donde corresponda porque la población tiene derecho a saber si quieres los gobiernos o quienes pretenden gobernarnos no solo lo que creemos y en este caso ahora tiene la obligación de hacerlo o se va a desatar una corriente preocupante la de solo denunciar como diríamos en nuestro país tirarlo al aire y dejarlo ahí. Hay diferencias entre la libertad de prensa Y solo información sin pruebas y cuando existen pruebas existe una obligación de la denuncia ante las autoridades correspondientes porque también es el momento de darnos cuenta que no se puede jugar con el prestigio de las personas por diferencias políticas menos ideológicas o peor aún como parte de una estrategia para alcanzar sus intereses.
QUE NOS DUELA ver el nivel de confrontación que empieza a alcanzar la política cuando la campaña ni siquiera ha comenzado. Las acusaciones graves deben investigarse, no convertirse en instrumentos electorales. Que ese dolor nos mueva a exigir responsabilidad, informarnos y participar en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
