En tiempos recientes países del continente americano han enfrentado catástrofes telúricas, que ha dejado varias pérdidas de vidas, miles de heridos y ciudades por los suelos. Una de ellas sucedió en Venezuela del 24 de junio y el de Colombia del 10 de agosto. Y la comparación entre ambos es especialmente interesante porque ocurrieron con pocas semanas de diferencia y permiten analizar no solamente el fenómeno natural, sino la preparación, la vulnerabilidad de las edificaciones y la capacidad de respuesta del Estado.
El 24 de junio de 2026, Venezuela fue golpeada por dos terremotos consecutivos, de magnitud 7.2 y 7.5, en el norte del país. El segundo ocurrió menos de un minuto después del primero y tuvo una profundidad aproximada de apenas 10 kilómetros, lo que contribuyó a la gravedad de sus efectos. La zona más afectada fue La Guaira y sectores cercanos a Caracas. Hubo colapso de edificios, enormes cantidades de escombros y una emergencia humanitaria considerable. Una evaluación del Banco Mundial estimó aproximadamente un número de 5,000 fallecidos, 17,000 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, con daños físicos directos calculados en unos 19,600 millones de dólares. En Colombia el pasado 10 de agosto, apenas unas semanas después del terremoto de Venezuela, sufrió un terremoto de aproximadamente 7.4, que afectó una extensa zona del occidente del país, incluyendo Cali, Pereira, el Eje Cafetero y sectores del Chocó. El terremoto también provocó importantes daños estructurales y numerosas víctimas. Para el 18 de agosto, los rescatistas todavía estaban recuperando cuerpos de edificios colapsados, incluyendo una torre del Hospital Universitario del Valle en Cali.
Las cifras oficiales han sido objeto de controversia y pero reportes del pasado 19 de agosto hablaban de 304 fallecidos confirmados por Medicina Legal, además de miles de heridos, decenas de miles de viviendas destruidas y más de cien mil viviendas afectadas.
Guatemala es un país acostumbrado a convivir con los terremotos. Los hemos sufrido durante siglos, hemos reconstruido ciudades sobre sus ruinas, hemos llorado a miles de víctimas y, después de cada tragedia, hemos prometido estar mejor preparados. Sin embargo, cincuenta años después del terremoto de 1976, la pregunta sigue siendo incómoda y necesaria:
¿Realmente estamos preparados para enfrentar otro gran terremoto?
La respuesta oficial más reciente debería preocuparnos, en abril de 2026, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) reunió a expertos para analizar la capacidad del país frente a un terremoto de gran magnitud y la conclusión fue contundente: GUATEMALA NO ESTÁ PREPARADA PARA ENFRENTAR UNA CATÁSTROFE SIMILAR A LA DE 1976 E INCLUSO ALGUNAS CONDICIONES PODRÍAN SER PEORES.
La historia demuestra por qué esta advertencia no debe tomarse a la ligera, vivimos en una tierra condenada a moverse, Guatemala se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica. El territorio nacional está relacionado con tres placas tectónicas: Norteamérica, Caribe y Cocos, además de importantes sistemas de fallas como la del Motagua, Chixoy-Polochic y Jalpatagua. La interacción de estas placas y fallas explica la frecuencia de los movimientos sísmicos en el país.
No estamos, por tanto, frente a un fenómeno excepcional, el terremoto no es una posibilidad remota: forma parte de nuestra realidad geológica, es una amenaza natural y puede convertirse en una catástrofe. Lo que transforma un fenómeno natural en desastre es la combinación de vulnerabilidad, pobreza, construcciones deficientes, falta de planificación, ausencia de prevención y una respuesta institucional insuficiente, en Guatemala vemos que hoy hay cientos de construcciones de edificios para oficinas y viviendas que en muchos de los casos no llenan los requisitos de los estándares de construcción y prevención de sismos.
En 1902, un terremoto de aproximadamente magnitud 7.5 afectó principalmente las regiones de Quetzaltenango y Sololá en el que se registraron alrededor de 200 muertes, aunque señalan que la cifra pudo haber sido mayor. Otros estudios técnicos estiman alrededor de 1,500 fallecidos.
Los terremotos de los años de 1917 y 1918 golpearon especialmente a la Ciudad de Guatemala y sus alrededores. No se trató simplemente de un terremoto aislado, sino de una serie de eventos que provocaron graves daños en la capital y sus municipios. Pero ningún acontecimiento permanece tan profundamente grabado en la memoria nacional como el terremoto del 4 de febrero de 1976.
Aquella madrugada del 4 de febrero cuando el reloj marcaba las 3:03 de la madrugada, Guatemala fue sacudida por un terremoto de aproximadamente magnitud 7.5. El epicentro se localizó en el área de Izabal, asociado al sistema de fallas del Motagua. En apenas segundos, miles de familias perdieron sus viviendas y una parte importante de la infraestructura nacional quedó destruida.
Las cifras son estremecedoras: aproximadamente 23 mil personas fallecidas, 76 mil heridas y millones de damnificados, además de enormes daños en viviendas, carreteras, puentes y edificios. El impacto alcanzó 17 de los 22 departamentos del país. Este terremoto nos dejó una lección institucional y el nacimiento del Insivumeh. Después de la tragedia de 1976, el Estado comprendió que no podía continuar enfrentando los fenómenos sísmicos prácticamente a ciegas.
Ese mismo año se creó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y se estableció la Red Sismográfica Nacional. Desde entonces, Guatemala ha avanzado considerablemente en materia de conocimiento científico. Actualmente existe una Red Sismológica Nacional que permite vigilar permanentemente la actividad sísmica. Insivumeh señala que la red cuenta con más de 80 estaciones distribuidas estratégicamente en el territorio nacional. También se ha desarrollado un sistema de alerta temprana mediante una aplicación que puede detectar las primeras ondas de un terremoto y, en determinadas circunstancias, proporcionar algunos segundos de advertencia antes de que lleguen las ondas más fuertes, mediante alarmas sonoras, y la aplicación de los reglamentos de salud y seguridad ocupacional en instituciones estatales y privadas.
Conocer el terremoto no significa estar preparados para sus consecuencias, el problema no es saber que habrá un terremoto, existe una diferencia fundamental entre monitorear una amenaza y estar preparados para enfrentarla. Insivumeh es claro: actualmente los terremotos no pueden predecirse científicamente. Por eso la discusión correcta no debería ser cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. La pregunta debería ser: ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos que ocurra? Y aquí aparecen nuestras mayores debilidades. Guatemala ha crecido de manera acelerada y desordenada. Se han construido viviendas, edificios, escuelas, hospitales, carreteras y asentamientos en zonas con diferentes niveles de amenaza. Una parte importante de la población vive en condiciones de vulnerabilidad y no necesariamente cuenta con conocimientos básicos para responder durante una emergencia. No basta con tener una institución encargada de atender desastres. Necesitamos un país preparado antes de que ocurra el desastre.
Pero ¿Estamos peor que en 1976? Esta es probablemente la pregunta más incómoda. En febrero de 2026, durante el análisis de los resultados del Simulacro Nacional por Sismo, las autoridades advirtieron que Guatemala no está preparada para enfrentar un evento de la magnitud del terremoto de 1976. El propio Gobierno calificó los resultados como altamente preocupantes y señaló que el país podría enfrentar afectaciones sobre millones de personas, además de daños severos en hospitales, carreteras, puentes, escuelas y servicios básicos. Segeplan fue todavía más contundente al señalar que el país carece de una cultura de prevención suficientemente desarrollada, así como de herramientas, escenarios y protocolos adecuados para enfrentar una catástrofe de esa magnitud. Esto debería provocar una discusión nacional. Guatemala no puede seguir tratando la prevención como una actividad ceremonial que aparece cada febrero, cuando se recuerda el terremoto de 1976, y desaparece durante el resto del año. La cultura de prevención sigue siendo una asignatura pendiente, ¿Cuántas familias guatemaltecas tienen un plan para saber qué hacer durante un terremoto? ¿Cuántas escuelas realizan simulacros periódicamente? ¿Cuántos edificios tienen rutas de evacuación correctamente señalizadas? ¿Cuántos hospitales tienen planes reales para continuar funcionando después de un terremoto? ¿Cuántas municipalidades conocen los puntos críticos de sus territorios? ¿Cuántas familias tienen preparada una mochila de emergencia? Y, sobre todo, ¿cuántos ciudadanos saben realmente qué hacer durante los primeros 10 segundos?
Conred recomienda contar con un Plan Familiar de Respuesta, identificar zonas seguras y rutas de evacuación y preparar una mochila de las 72 Horas con agua, alimentos, documentos, medicamentos, linterna, radio y otros artículos esenciales. Son medidas sencillas, para comenzar a aplicarlas.
El verdadero peligro está en la vulnerabilidad, un terremoto no discrimina. Puede destruir una vivienda pobre o un edificio moderno. Puede derribar una carretera, cortar el suministro de agua, interrumpir las comunicaciones o dejar aislada a una comunidad. Pero los efectos no serán iguales para todos. Una familia que vive en una construcción vulnerable, en una zona de riesgo, sin agua almacenada, sin alimentos, sin documentos protegidos y sin conocer una ruta de evacuación tendrá muchas menos posibilidades de enfrentar adecuadamente una emergencia. Lo mismo ocurre con el Estado. Un país sin hospitales suficientemente preparados, sin infraestructura crítica resistente, sin comunicaciones alternativas, sin reservas estratégicas y sin coordinación efectiva entre Gobierno central, municipalidades, cuerpos de socorro y comunidades estará condenado a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. La tragedia no comienza cuando tiembla la tierra. La tragedia comienza años antes, cuando sabemos que existe el riesgo y no hacemos lo suficiente para reducirlo. Prevenir cuesta menos que reconstruir. Cada quetzal invertido en prevención puede evitar pérdidas humanas y económicas mucho mayores.
No se trata solamente de comprar equipos o construir albergues. La prevención implica revisar edificaciones, fortalecer infraestructura crítica, actualizar mapas de riesgo, controlar el crecimiento urbano, capacitar a las comunidades, realizar simulacros, educar desde las escuelas y exigir que las nuevas construcciones cumplan estándares adecuados de seguridad.
También significa revisar las edificaciones antiguas. El terremoto de 1976 demostró brutalmente la vulnerabilidad de las construcciones de adobe y de otros sistemas constructivos frente a un evento de gran magnitud. Cincuenta años después, la pregunta es cuántas de nuestras construcciones actuales podrían resistir un terremoto severo. No podemos esperar a descubrirlo cuando los edificios comiencen a caer. Guatemala necesita una política nacional de prevención de emergencia nacional que pueda afrontar un desastre de magnitudes enormes en daños y heridos. La memoria historia no debe solo recordar a los que fallecieron producto de un desastre natural, debe hacernos recordar que estamos expuestos y que más temprano que tarde volverá a pasar.
