A menos de tres meses de asumir la Fiscalía General, Gabriel García Luna tiene frente a sí una larga lista de investigaciones heredadas de administraciones anteriores. Una de ellas apunta al negocio de la venta de medicamentos al Estado, un mercado en el que confluyen contratistas cuestionados, señalamientos de sobreprecios y denuncias de lavado de dinero.
La lista es larga y solo con las denuncias que se han presentado, que involucrarían a autoridades del gobierno pasado, hay suficiente para ocuparse, principalmente porque el Ministerio Público (MP), cuando estuvo a cargo de la exfiscal María Consuelo Porras, no mostró ningún avance con dichas investigaciones.
Al hablar de los negocios alrededor de las medicinas, no se puede dejar de mencionar a Gustavo Alejos Cámbara, un viejo conocido de los círculos políticos guatemaltecos, que ha sido señalado (y procesado) por corrupción, por interferir en la elección de jueces y magistrados y por financiar partidos políticos de manera ilegal.
En junio de 2023, al acogerse a la figura de aceptación de cargos, fue condenado en el caso llamado “Negociantes de la salud”, por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo, al ser parte de una red que involucraba a empresas, funcionarios y operadores que manipulaba los procesos de compras para beneficiar a determinadas farmacéuticas.
En el pasado, el apellido Alejos ha estado vinculado o al menos relacionado con varias farmacéuticas: Lanquetin, J. I. Cohen, Droguería Colón, Sabiapharma, Evolución Farmacéutica (Evopharma) y Reus Pharma. Todas suman miles de millones de quetzales en adjudicaciones en el sector público, principalmente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Por distintos motivos, Gustavo Alejos se distanció de las primeras cinco, pero en todas dejó su huella. En los últimos años ha sido Reus Pharma, vinculada con su hijo Gustavo Alejos Jansa, con la que se mantiene activa en el negocio de las medicinas.
De 2020 a la fecha, ha continuado vendiéndole medicamentos al Estado. De hecho, año con año la suma de adjudicaciones que gana ha crecido significativamente. Aquí un resumen:
- 2020 Q19.5 millones
- 2021 Q10.6 millones
- 2022 Q20.9 millones
- 2023 Q61.2 millones
- 2024 Q120.3 millones
- 2025 Q278.4 millones
- 2026 Q361.5 millones (hasta el 11 de agosto)
No obstante, Alejos trata de desmarcarse de Reus Pharma.
En la nota “De socios a enemigos: empresarios pasaron de vender juntos a disputarse por los contratos en sistema de salud”, publicada en septiembre de 2025, el empresario dijo que la referida farmacéutica es un “emprendimiento” de su hijo —Gustavo Alejos Jansa— y que no poseía ninguna participación accionaria.
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¿SIGUE SIENDO UN OPERADOR?
El nombre de Gustavo Alejos Cámbara también sale a relucir cuando se habla de la elección de cortes. En 2020, el MP lo señaló de pretender interferir en los procesos eleccionarios del sistema de justicia que se llevaron a cabo en 2019.
El Gobierno de EE. UU. lo sancionó, precisamente por “facilitar pagos a representantes del Congreso y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el fin de influir indebidamente en el proceso de selección judicial de magistrados”.
En Guatemala, después de capturas, declaraciones en donde Alejos habló de cómo operaba la red, en junio de 2024, el proceso fue declarado “nulo” por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, por lo cual todos los señalados ya no enfrentan cargos en su contra ni persecución penal.
Un informe del Movimiento Pro Justicia detalló que, aunque el papel de Gustavo Alejos fue discreto en la elección de magistrados de la CSJ y de salas de Apelaciones de 2023 —cuando se escogió a quienes completarían los 11 meses restantes del periodo 2019-2024, tras el retraso de cuatro años y un mes de dicha magistratura—, varios de los electos habían buscado su apoyo durante el proceso de elección de 2019.
Hoy en día, incluso, hay quienes creen que Alejos pretende injerir en el proceso de elección de contralor General de Cuentas, cuya elección se debe concretar antes del 13 de octubre próximo, cuando vence el plazo del actual, Frank Helmuth Bode Fuentes.
Por la extensión o negación de finiquito, la Contraloría General de Cuentas (CGC) jugará un papel crucial en las elecciones de 2027.
Otro informe del mismo movimiento, que recoge una nota de este medio, detalla que una de las planillas ganadoras estaría vinculada a Walter Mazariegos, el diputado Duay Martínez y a Gustavo Alejos.
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AVIV, ARIA Y LA BOTICA
Paralelo a las farmacéuticas relacionadas con Gustavo Alejos, está otro grupo de empresas dedicadas a la venta de medicamentos que se han visto envueltas en señalamientos y denuncias.
Durante el gobierno pasado, La Botica acaparó los reflectores por sus vínculos con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei, pero principalmente por haberse visto favorecida por millonarios contratos con el Seguro Social.
De esa forma pasó de facturar a instituciones públicas Q80 mil, en 2015, a Q254.3 millones, en 2023; casi la totalidad de sus ventas al Estado fueron al IGSS. Así han sido sus ventas:
- 2020 Q42.4 millones
- 2021 Q136.5 millones
- 2022 Q112.4 millones
- 2023 Q253.1 millones
- 2024 Q270.6 millones
- 2025 Q75.3 millones
- 2026 Q223.1 millones (hasta el 11 de agosto)
La figura principal de La Botica ha sido Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias “Cuto”, amigo de Miguel Martínez, y quien en 2019 se perfilaba para ser asesor presidencial. La amistad era tal, que, en 2022, el gobierno de Giammatte decidió bautizar a un puente en Sacatepéquez con ese sobrenombre.
Gobierno de Giammattei dedicó un puente a un amigo de Miguel Martínez
De esa cuenta, La Botica fue señalada de hacerse de contratos millonarios gracias a la influencia de Ponce en las altas esferas de Gobierno, incluyendo en el IGSS, institución en la cual Giammattei nombró presidente de su Junta Directiva a José Adolfo Flamenco, en junio de 2021.
Pero La Botica también ha figurado en denuncias que ha presentado la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de acuerdo con información que ha podido conocer La Hora, por transacciones sospechosas de fondos.
En una de estas se denunciaron movimientos financieros entre septiembre de 2021 y agosto de 2024 que evidenciaron una red de empresas, entre ellas varias farmacéuticas que realizaron millonarias transferencias de dinero entre sí, y en la cual La Botica era la principal. Parte de los fondos fueron a parar a los Emiratos Árabes Unidos para la compra de apartamentos valorados en USD 21 millones.
Las investigaciones relacionadas a estas denuncias no progresaron en el tiempo que Porras estuvo al frente del MP.
FIGURAN EN DENUNCIAS
En al menos una de las denuncias que señalan a La Botica aparece el nombre de Aviv Farmacéutica, compañía que a su vez comparte vínculos con Aria Pharmaceutical Group. Estas dos recibieron millonarios contratos de 2020 a la fecha, que suman Q1 mil 257 millones. Así han sido sus adjudicaciones con el pasar de los años:
AVIV
- 2020 Q63 millones
- 2021 Q62.4 millones
- 2022 Q23.4 millones
- 2023 Q59.1 millones
- 2024 Q83.7 millones
- 2025 Q188.1 millones
- 2026 Q198.6 millones (hasta el 11 de agosto)
ARIA
- 2020 Q86.6 millones
- 2021 Q62.4 millones
- 2022 Q77.7 millones
- 2023 Q153.7 millones
- 2024 Q136.1 millones
- 2025 Q62 millones
- 2026 No registra ventas, según Guatecompras.
Ambas compañías son representadas legalmente por Alejandro de Dios Nájera, según información de Guatecompras, y las dos fueron constituidas por el mismo notario, Diego Santamarina Cárdenas, que estuvo vinculado al partido Vamos, que llevó al poder a Alejandro Giammattei. En 2020 firmó un contrato por Q200 mil en el Congreso, como asesor del subjefe de bloque legislativo de dicho partido.
En otra denuncia, Aviv figura también por haber incurrido en transacciones sospechosas de sus cuentas bancarias. En concreto, desde las cuentas de esta compañía habrían salido Q10 millones hacia beneficiarios en otros bancos y para la “venta de un vehículo a EOTP (solo siglas), quien, según noticias, tiene relación con farmacéuticas involucradas en corrupción”.
En una comunicación con La Hora, el pasado 13 de julio, De Dios Nájera aseguró que una denuncia por transacciones sospechosas «fue objeto de investigación por parte del Ministerio Público, institución que realizó todo tipo de diligencias pertinentes dentro del ámbito de sus atribuciones legales. Como resultado de dichas actuaciones, las autoridades competentes concluyeron que no existe comisión de ilícitos y establecieron que no existe responsabilidad alguna atribuible a la empresa en relación con los hechos señalados».
DENUNCIA DEL MINISTERIO
Por aparte, el Ministerio de Salud presentó una querella penal en julio de 2025 en contra de dos extrabajadores y un trabajador de dicha cartera por supuestas irregularidades en la autorización del registro sanitario del medicamento Remdesivir, utilizado para el tratamiento del Covid-19, al parecer, para favorecer a Aviv Farmacéutica.
Según la denuncia, estas personas estaban a cargo de las autorizaciones —entre 2020 y 2021—, cuando al menos cuatro empresas solicitaron el permiso para comercializar el fármaco en cuestión, pero solo Aviv lo obtuvo, con lo cual se convirtió en el proveedor único durante un año.
EL RETO ES ENORME
Para el analista Eddy Cux de la organización civil Acción Ciudadana, el mercado de las farmacéuticas y compras de medicinas en el sector público es uno de los ecosistemas donde más corrupción existe; por lo tanto, considera que estas investigaciones se convierten en uno de los retos más exigentes que tiene el fiscal Gabriel García Luna.
A su parecer, con el paso de los años las estructuras de corrupción han pasado a operar a nivel internacional y las redes de empresas, de beneficiarse de las licitaciones, ahora también involucran a testaferros e intermediarios que se han enriquecido de manera ilícita. Estas operaciones, dijo, los han llevado a prácticas de lavado de dinero.
El analista cree que estas redes operan dentro del Ministerio de Salud y del IGSS y se constituyen en estructuras difíciles de identificar y desmantelar a través de las investigaciones. Incluso, estima que estas han sido capaces de instalar a sus agentes dentro del propio Ministerio Público.
No obstante, Cux afirma que el MP cuenta con las herramientas legales para investigar a estas redes, sobre todo después de la aprobación de la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, que el Congreso aprobó en junio pasado y que está próxima a cobrar vigor.
El analista enfatizó en la importancia de que el MP se coordine con otras instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Contraloría General de Cuentas “para generar alertas de posible lavado de dinero” y darles seguimiento.
“Esto es como una madeja, se jala un hilo y se puede llegar a destapar estas estructuras”, precisó Cux.
