La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) se mantiene sin operar, a la espera de la aprobación de su reglamento, mismo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha indicado estará listo «la próxima semana».
De acuerdo con la institución, el reglamento fue recibido el pasado 13 de julio, mismo que desde entonces se mantiene en análisis, esto como parte del procedimiento para asegurar parámetros y efectivo cumplimiento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
«Actualmente el expediente está en análisis y se prevé que esté listo a finales de la próxima semana. En este caso se analiza que la norma sea coherente con el reglamento vigente y que cumpla con los parámetros para que sea efectivo el cumplimiento de la disposición ordinaria», puntualizan.
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En declaraciones a la prensa, la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, explicó que el reglamento sigue sin ser aprobado debido a la revisión de observaciones realizadas por los directores de la dirección, lo que ha ocasionado los atrasos.
No obstante, aseguró que al no ser competencia del ministerio su aprobación no se poseen datos de una fecha para ello.
«No puedo yo dar una fecha de cuándo regresa este expediente con nosotros porque los tiempos no los manejamos directamente, son tiempos de PGN para su revisión y visto bueno», expresó la ministra al ser consultada.
#AhoraLH | La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indica que el reglamento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) se encuentra en la PGN esperando las consideraciones pertinentes para poder ser aprobado.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 5, 2026
FONDOS Y OBRAS SIGUEN A LA ESPERA
Aunque el reglamento para iniciar funciones es fundamental, la DIPP ha causado revuelo ante los fondos que son asignados para la elaboración de proyectos.
Bajo ese contexto, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha mencionado que estos fondos no han sido desembolsados, debido a que la dirección no ha completado varios requisitos administrativos y legales indispensables para su funcionamiento.
La cartera indicó que uno de los principales pendientes es la finalización de la estructura presupuestaria dentro del sistema financiero del Estado. Según explicó, aunque el Ministerio de Finanzas ha brindado acompañamiento técnico a la entidad, corresponde a la gerencia concluir ese proceso administrativo.
La lenta implementación ha generado cuestionamientos desde su aprobación. En febrero, el entonces ministro de Comunicaciones, Miguel Díaz Bobadilla, advirtió que los resultados concretos de la normativa comenzarían a observarse hasta 2027, debido a que los reglamentos y manuales de ejecución aún estaban en elaboración.
Hasta ahora, la única obra ejecutada bajo los mecanismos contemplados en la ley corresponde a la rehabilitación de 16.4 kilómetros de la ruta CA-12B, entre los kilómetros 212 y 228 en Chiquimula, que conecta Guatemala con El Salvador a través de la frontera de La Ermita-Anguiatú.
Mientras tanto, los 17 tramos carreteros priorizados originalmente continúan sin mostrar avances sustanciales, pese a que la normativa fue presentada como una de las principales apuestas para acelerar la inversión vial en el país.
LA LEY PARA PRIORIDADES
La creación de la DIPP surge tras la aprobación del decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, misma que contempla la priorización de 18 proyectos de infraestructura vial en los cuales se realizará la ampliación, la rehabilitación, mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial de las principales carreteras del país.
Su objetivo es el diagnóstico, preinversión, priorización, planificación, diseño, construcción, reconstrucción, ampliación, rehabilitación, ejecución, gestión, operación, mantenimiento, mejoramiento, conservación, supervisión y aprovechamiento de la infraestructura vial prioritaria.
En cuanto a la DIPP, según la Ley, podrá contratar a personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que presten servicios de asesoría y consultoría en temas técnicos, ambientales, urbanísticos, administrativos, financieros y jurídicos.
Resalta que para ser contratados, los expertos no están obligados a estar en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
Asimismo, se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) y las fuentes de financiamiento, se establece, serán estos recursos privativos:
- Ingresos asignados en el Presupuesto General del Estado.
- Asignaciones específicas provenientes de impuestos.
- Recursos provenientes de deuda pública de mediano y largo plazo, incluyendo montos de operaciones de crédito público.
- Herencias, legados, donaciones, subvenciones, aportes o transferencias que reciba cualquier persona o entidad pública o privada, nacional o extranjera.
- Bienes adquiridos por cualquier título relacionados con la infraestructura vial.
- Intereses que generen recursos.
- Activos que le sean transferidos a la DIPP al finalizar el plazo de los contratos de infraestructura vial.
- Pagos que realicen los desarrolladores a la DIPP.
- Demás ingresos que pueda recibir legalmente por la prestación de servicios o aportaciones de terceros.
- Recursos que le sean transferidos por la DIPP.
- Cualquier ingreso generado por sus operaciones o por contratos o convenios que celebre.
Guatemala: Entra en vigor la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria
