La ausencia de un reglamento, la falta de asignación de recursos y una coordinación interinstitucional prácticamente inexistente mantienen a la Dirección de Infraestructura de Participación Prioritaria (DIPP) en un limbo institucional que continúa frenando la competitividad del país y la ejecución de proyectos estratégicos.
Creada como eje operativo de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la DIPP sigue sin entrar plenamente en funcionamiento.
Las debilidades en su implementación se suman a los señalamientos incluidos en el reciente informe de la calificadora Standard & Poor’s, que mantiene la nota BB+ para Guatemala y coloca al país en un punto de inflexión: sostener su estabilidad macroeconómica o avanzar hacia condiciones que le permitan atraer mayor inversión.
Lo anterior fue expuesto durante el foro “La Infraestructura Vial: la urgencia de poner en marcha la DIPP”, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), donde se advirtió que el país ya no tiene margen para seguir postergando decisiones, especialmente a las puertas de la temporada de lluvias más intensa.
“Guatemala tiene un gran potencial, lo saben los analistas y quienes trabajamos en el sector productivo, pero el desarrollo no se materializa por declaración: requiere decisiones, ejecución, voluntad institucional y acciones concretas”, se señaló durante la actividad.
El presidente de FUNDESA, José Miguel Torrebiarte, afirmó que el país se encuentra en un punto que no admite más dilaciones. “La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria fue un paso significativo, pero una ley que no opera es una promesa incumplida”, sostuvo.
Añadió que uno de los requisitos para avanzar hacia el grado de inversión es demostrar capacidad de ejecución y no únicamente capacidad para legislar.
El foro reunió a representantes del sector público, privado y centros de pensamiento.
Durante la actividad también se recordó que, a abril de este año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reportó una ejecución presupuestaria de apenas 12.29%, cifra que evidencia las limitaciones del Estado para convertir presupuesto en infraestructura.
Desde FUNDESA se insistió en que el país debe pasar de las intenciones y el diseño institucional a la operación efectiva.
“Hoy convocamos a las autoridades, a los especialistas, al sector privado y a la sociedad civil, para poner sobre la mesa lo que se necesita con urgencia y con rigor para que la DIPP sea una realidad funcional y no otro capítulo de oportunidades perdidas”, se expuso durante la actividad.
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El presidente de FUNDESA reiteró que la institución continuará actuando como articulador entre el sector privado, el gobierno y la cooperación internacional. “Creemos en el diálogo institucional y en la construcción de acuerdos, pero también creemos que hay momentos en los que la claridad es más valiosa que la cortesía excesiva, y este es uno de ellos”, expresó.
Por su parte, Jorge Benavides, investigador de FUNDESA, señaló que la reciente carretera de Las Flores demuestra que cuando existe voluntad política y capacidad de ejecución sí es posible desarrollar infraestructura de calidad.
Sin embargo, advirtió que la DIPP fue creada precisamente para responder al deterioro de la red vial del país, y que mantenerla sin operar incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura nacional.
Foto La Hora: Edgar Jesús Ríos.
¿QUE SIGUE PENDIENTE?
Integración de la DIPP:
El artículo 95 de la ley establece que la integración de la DIPP debía concretarse en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de la normativa. Ese plazo vence en julio de 2026.
Reglamento sin aprobar:
El reglamento de la ley continúa pendiente de aprobación. Este documento debe establecer la organización interna de la DIPP, así como sus funciones y atribuciones.
Retraso en trámites institucionales:
La propuesta de reglamento fue elaborada por equipos del CIV, MINFIN y MINECO y aprobada por el Directorio el 29 de octubre de 2025. Sin embargo, aún se encuentra pendiente el dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la emisión del acuerdo gubernativo correspondiente.
Plazos vencidos:
Según lo expuesto durante el foro, el reglamento debió estar listo desde noviembre de 2025.
Sesiones y gobernanza:
La ley establece que el Directorio de la DIPP debe celebrar al menos dos sesiones ordinarias al mes, convocadas por el titular del CIV o su suplente designado.
Asignación de fondos incumplida:
El artículo 114 establece que el Ministerio de Finanzas debía asignar, 60 días después de la entrada en vigencia de la ley:
Q10 millones para el Fondo Operativo.
Q20 millones para el Fondo de Infraestructura.
Más recursos pendientes para 2026:
La ley también establece una asignación adicional de Q20 millones para el Fondo Operativo durante 2026.
Adecuaciones en GUATECOMPRAS:
El artículo 105 ordenaba al MINFIN actualizar, en un plazo de 12 meses, normas, formularios electrónicos y módulos específicos en GUATECOMPRAS para cumplir con los requerimientos de la ley. Ese plazo venció en enero de este año.
Definición salarial pendiente:
Aunque la Gerente de la DIPP fue nombrada oficialmente el 23 de octubre de 2025, todavía no existe un acuerdo explícito sobre el salario que devengará ni si este aplicará de forma retroactiva.
Evaluación de infraestructura atrasada:
La primera evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria debía realizarse en abril de 2026. Hasta ahora, ese proceso sigue pendiente.
Infraestructura considerada prioritaria
La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria define como proyectos estratégicos:
Las 12 rutas centroamericanas.
Circunvalaciones del Plan de Movilidad de KOICA.
Arco Norte Metropolitano.
Corredor Arco 18.
Vía Exprés.
Anillo Metropolitano.
Anillo Regional C-50.
Anillo Regional.
Este será el primer proyecto bajo la Ley de Infraestructura Prioritaria, a un año de su aprobación
Para ello se creó el Plan de Infraestructura Vial Prioritaria (PIVIP), instrumento de planificación con una proyección de 30 años y actualización obligatoria cada cinco años.
Durante los primeros 36 meses de vigencia de la ley, COVIAL, CAMINOS y el FSS también podrán implementar una modalidad especial de licitación por emergencias para proyectos prioritarios.
Con plazos vencidos, recursos sin ejecutar y una institucionalidad aún inconclusa, la DIPP permanece lejos de convertirse en el mecanismo que prometía destrabar la infraestructura vial del país.
Entretanto, Guatemala continúa acumulando rezagos en competitividad, conectividad y capacidad de ejecución, en un contexto donde las advertencias sobre el deterioro de la red vial y la pérdida de oportunidades de inversión son cada vez más recurrentes.
