El Ministerio Público llevó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el diagnóstico más severo que la institución ha hecho sobre su propio funcionamiento en los últimos años. En representación del fiscal general Gabriel García Luna, el secretario general del ente investigador, Edwin Chavajay, reconoció que la institución sufrió una «paulatina cooptación y desmantelamiento» por grupos de poder interesados en garantizar la impunidad y la corrupción, un proceso que, afirmó, se intensificó durante la gestión de la ex fiscal general Consuelo Porras mediante la instrumentalización del derecho penal.
La exposición marcó uno de los momentos centrales de la audiencia «Retos y oportunidades para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público», celebrada durante el 196 período de sesiones de la CIDH en Washington. La comparecencia se produjo casi tres meses después de que García Luna asumiera la dirección del MP y tras la elaboración de un diagnóstico interno sobre el estado de la institución.
Chavajay sostuvo que el deterioro institucional respondió a una estrategia orientada a “perpetuar la impunidad”. Citó incluso la Resolución 3-2023 de la propia Comisión Interamericana para afirmar que la cooptación del Ministerio Público fue progresiva y aseguró que la instrumentalización del derecho penal alcanzó su mayor intensidad durante la administración de Porras.
INSTRUMENTALIZACIÓN DEL MP
El funcionario detalló que esa instrumentalización se manifestó en el uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y autoridades indígenas; en la utilización de investigaciones para influir en procesos de nombramiento de autoridades judiciales; y en actuaciones relacionadas con las elecciones generales de 2023 para cuestionar la legitimidad del Gobierno democráticamente electo y de otras autoridades surgidas de esos comicios.
Añadió que esas prácticas también se reflejaron en una persecución penal incompatible con los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.
Entre los mecanismos utilizados mencionó la presentación de múltiples denuncias por un mismo hecho contra una misma persona, la formulación de cargos infundados o desproporcionados, el uso abusivo de la prisión preventiva, la aplicación de la reserva judicial para impedir que las defensas conocieran los expedientes o ingresaran a las audiencias y el uso indebido de la figura de la desestimación.
Chavajay afirmó, además, que algunos jueces y magistrados tuvieron corresponsabilidad en esas actuaciones y que esa situación aún persiste en determinados casos.
«Los aspectos antes enumerados contextualizan la situación que ha debilitado la institucionalidad del Ministerio Público y que finalmente ha erosionado el Estado de Derecho», afirmó el secretario general ante los comisionados.
Tras describir ese panorama, Chavajay sostuvo que el nombramiento de Gabriel García Luna representa una «luz» para conducir nuevamente a la institución por los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad y justicia. Señaló que la participación del MP en la audiencia busca fortalecer el Estado de derecho y avanzar hacia una institución más transparente, independiente, cercana a la población y respetuosa de los derechos humanos.
Como parte de ese cambio, explicó que el MP ha comenzado a aplicar una persecución penal objetiva y conforme a los estándares de derechos humanos. En ese contexto, indicó que la institución ha dejado de oponerse a medidas sustitutivas en procesos que considera vinculados con criminalización, entre ellos los del periodista José Rubén Zamora, Héctor Chaclán y los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes recuperaron recientemente su libertad.
El funcionario también informó que el MP inició una revisión objetiva e imparcial de un número significativo de expedientes relacionados con personas que permanecen en el exilio. Precisó que el pasado 1 de agosto recibió solicitudes presentadas por varias de ellas para acceder a los expedientes abiertos en su contra y conocer el estado de sus procesos, peticiones que, aseguró, serán atendidas.
En materia de derechos humanos, Chavajay indicó que la institución coordina acciones con otras entidades del sector justicia para fortalecer la investigación de ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.
Añadió que también se emprendió una reorganización de la extinta Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuya liquidación obedeció —según explicó— a que había perdido el objetivo para el cual fue creada y se convirtió en “uno de los principales conductos para la instrumentalización del derecho penal”.
El diagnóstico institucional, añadió, permitió reincorporar personal que había sido desvinculado y reactivar un convenio interinstitucional para realizar exhumaciones, considerado fundamental para investigar graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, anunció que el MP elabora instrumentos institucionales para regular el uso excepcional de la prisión preventiva y de la reserva judicial, además de implementar 14 ejes de trabajo orientados a consolidar una persecución penal democrática y sustentada en los derechos fundamentales.
DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
La intervención del MP ocurrió después de que organizaciones de la sociedad civil y operadores de justicia en el exilio plantearan ante la Comisión una serie de reformas que consideran indispensables para reconstruir la institución.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz afirmó que el MP necesita una «gran reconstrucción» y una política de persecución penal efectiva para combatir la corrupción, el crimen organizado, la violencia contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos, al tiempo que pidió poner fin a la utilización política del sistema penal y generar condiciones para el retorno seguro de quienes fueron obligados a exiliarse.
Clarisa Cotzal solicitó investigar a las estructuras que, según afirmó, capturaron el sistema de justicia y promovieron procesos de criminalización, suspender a los fiscales señalados mientras se determinan responsabilidades y restituir a quienes fueron trasladados arbitrariamente durante la administración anterior.
Edgar Pérez denunció que al menos 110 operadores de justicia, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos permanecen en el exilio como consecuencia de esos procesos, mientras Paulo Estrada pidió reactivar las investigaciones sobre los crímenes del conflicto armado interno y Fabiola Rodríguez cuestionó los bajos resultados del Ministerio Público en la investigación de delitos de violencia contra mujeres y niñez.
Las recomendaciones fueron recogidas por el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Elvyn Díaz, quien también participó en representación de Guatemala y aseguró que constituyen una hoja de ruta para fortalecer la institucionalidad y reconoció la preocupación del Estado por el exilio de decenas de guatemaltecos durante los últimos años.
