El Ministerio de Energía y Minas (MEM), por medio de la Dirección General de Hidrocarburos, confirmó que presentó 34 denuncias contra estaciones de servicio por presuntos incrementos irregulares en el precio de los combustibles tras la finalización del subsidio temporal aplicado a las gasolinas y el diésel.
Las denuncias fueron presentadas por el director general de Hidrocarburos, Gerson De León, quien explicó que las acciones se derivaron de las inspecciones realizadas un día después de que concluyó el beneficio el pasado 2 de julio, cuando varias estaciones ya habían incrementado el precio de venta al público.
DENUNCIAS CONTRA ESTACIONES DE SERVICIO
Consultado sobre las acciones emprendidas, De León aclaró que las denuncias no fueron dirigidas contra las marcas comercializadoras, sino contra las estaciones de servicio donde se detectaron las anomalías.
Según explicó, durante las fiscalizaciones realizadas el 3 de julio, los inspectores constataron que algunos establecimientos habían elevado los precios pese a que, de acuerdo con el reglamento que reguló el subsidio, debían agotar primero el inventario adquirido con el beneficio antes de trasladar nuevos precios al consumidor.
«Las anomalías que detectamos fue que ellos incrementaron el precio luego de que el subsidio concluyó. El reglamento indicaba que ellos debían terminar su inventario para poder poner su precio ya de competencia», indicó el funcionario.
Las inspecciones fueron intensificadas luego de que, tras el vencimiento del subsidio, el precio de los combustibles registrara incrementos de hasta Q1 por galón, situación que generó cuestionamientos de consumidores y diputados sobre la rapidez con la que se reflejó el aumento en algunas estaciones.
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POSIBLE ESPECULACIÓN DE PRECIOS
Respecto a los posibles delitos que podrían configurarse, el director de Hidrocarburos señaló que corresponderá al Ministerio Público determinar si existió alguna conducta ilícita.
«Probablemente especulación de precios, aunque eso lo determina el Ministerio Público. Nosotros simplemente presentamos las denuncias correspondientes», afirmó.
De León añadió que las estaciones señaladas corresponden a distintas marcas que fueron objeto de las inspecciones oficiales y que todas cuentan con las actas levantadas por los inspectores del MEM.
EL INVENTARIO FUE CLAVE EN LAS INSPECCIONES
Uno de los principales elementos considerados por la Dirección General de Hidrocarburos fue el inventario disponible en las estaciones de servicio.
De acuerdo con De León, el consumo promedio de combustible en una gasolinera suele oscilar entre cuatro y cinco días, por lo que el incremento de precios registrado apenas un día después de finalizar el subsidio levantó sospechas sobre si aún se comercializaba combustible adquirido con el apoyo estatal.
«Consideramos que todavía tenían ese inventario pagado con subsidio», sostuvo el funcionario al explicar la razón por la que se documentaron las posibles irregularidades.
Sobre las sanciones previstas en el Decreto 11-2026, De León recordó que el MEM tenía la obligación de trasladar los informes correspondientes a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), entidad responsable de imponer las sanciones contempladas en esa normativa.
El funcionario precisó que las competencias de la Dirección General de Hidrocarburos se limitan a aspectos relacionados con la calidad y cantidad de los combustibles, mientras que las sanciones derivadas de posibles incumplimientos al régimen temporal del subsidio correspondían a la DIACO.
ANTECEDENTES DEL CASO
Las inspecciones comenzaron tras la finalización del subsidio a los combustibles, cuando diversas estaciones reflejaron aumentos inmediatos en sus precios de venta. En ese momento, el MEM anunció el fortalecimiento de los operativos de verificación para establecer si los incrementos respetaban las disposiciones del reglamento vigente durante la aplicación del beneficio.
Además de las acciones del MEM, durante ese período la Superintendencia de Competencia (SICOM) indicó que contaba con facultades para investigar posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de combustibles, mientras continuaban los cuestionamientos por el comportamiento de los precios luego del fin del apoyo estatal.
