La escasez global de chips de computadoras y otras piezas obligó a General Motors a producir 95.000 vehículos sin ciertos componentes. Foto La Hora: AP.
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Por TOM KRISHER
DETROIT
Agencia (AP)

Las autoridades estadounidenses ordenaron a General Motors a llamar a reparación a casi 6 millones de camionetas pickup y SUVs que tienen bolsas de aire con infladores potencialmente dañinos.

La decisión de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) le costará a la empresa unos 1.200 millones de dólares, aproximadamente una tercera parte de sus ingresos netos de este año.

Desde 2016, la empresa le pidió cuatro veces a la NHTSA abstenerse de exigirle un retiro del producto, aseverando que los infladores funcionaban bien en sus pruebas internas y en las carreteras. Sin embargo, numerosos clientes se quejaron de que la compañía había colocado sus ganancias por encima de la seguridad de los conductores.

En años recientes un total de 63 millones de infladores de bolsas de aire Takata han sido retirados del mercado, siendo el mayor retiro de un producto en la historia estadounidense. El gobierno dice que hasta septiembre, más de 11,1 millones de esos dispositivos no habían sido reparados. Unos 100 millones de ellos han sido sacado del mercado a nivel internacional.

La medida abarca los camiones pickup y las camionetas SUV de GM fabricados entre el 2007 y el 2014, incluyendo los modelos Chevrolet Silverado 1500, 2500 y 3500. La Silverado es el vehículo más vendido de GM y el segundo más vendido en todo Estados Unidos. La medida también abarca la Chevrolet Suburban, la Tahoe y el Avalanche, el Cadillac Escalade, el GMC Sierra 1500, el 2500 y el 3500, y el GMC Yukon.

Los infladores de Takata usaban nitrato de amonio, que detonaba un pequeño estallido para llenar las bolsas amortiguadoras en caso de un choque. Pero el nitrato de amonio se deteriora con el calor y la humedad y puede causar un estallido excesivo, reventando la lata de metal y despidiendo esquirlas.
Veintisiete personas han perecido en todo el mundo debido a esos estallidos, 18 de ellas en Estados Unidos.

Le tomó a la agencia cuatro años llegar a su decisión, que surge justo cuando va terminando el período presidencial de Donald Trump.

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