Por Horacio Martínez Paiz
Durante la década de 1970 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), contempló la posibilidad de la construcción de varias hidroeléctricas en el país. El programa proyectó particularmente sobre el río Negro o Chixoy la construcción de varias presas escalonadas. El ambicioso proyecto que tenía por objetivo liberar a Guatemala de la dependencia del petróleo para generar energía eléctrica, se redujo posteriormente a la construcción de una presa única, recibiendo el nombre de Pueblo Viejo-Quixal, ubicada en los actuales departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.
La construcción de la hidroeléctrica abarcó la inundación de la Cuenca Media del río Chixoy, con el saldo de 23 aldeas o localidades desplazadas, áreas de cultivo, recursos naturales y 45 sitios arqueológicos anegados.
Hasta antes de este proyecto, la Cuenca Media del río Chixoy era una región árida y de difícil acceso, con una población que ascendía a unas 3 mil 336 personas, que basaban su economía en una agricultura de subsistencia, combinando crianza de ganado, artesanías y trabajo asalariado. Todo esto regido por un estilo de vida, costumbres y tradiciones comunes, compartidas entre las 23 comunidades que se encontraban diseminadas en la ribera del río Chixoy y sus afluentes, o bien, próximos a los sitios arqueológicos. Así el espacio territorial ocupado por las comunidades se asemejaba al presentado durante la época prehispánica.
Pero todo esto cambio a partir del 15 de enero de 1976, cuando fue suscrito por el presidente de la república General Laugerud García y por el señor Ortiz Mena, entonces secretario general del BID, el primer monto destinado para la construcción de la presa, que inicialmente costaría 365 millones de dólares, pero que posteriormente se elevaría a 825 millones más intereses.
La construcción de la hidroeléctrica bajo la supervisión del INDE se inició en abril de 1977, durante el gobierno antes descrito y fue concluida el 27 de noviembre de 1983, en el gobierno del General Lucas García. Por un error de ingeniería en la construcción del túnel de aducción -que conduce el agua del lago a las turbinas- la hidroeléctrica no funcionó formalmente hasta 1986. En la actualidad genera un 25 % de la energía consumida.
Dentro de las cláusulas incluidas en los convenios firmados con los organismos financieros, se contemplaba en una partida de indemnización, la compensación económica y material de las familias perjudicadas. Así, El INDE, además de ser la institución gubernamental encargada de la supervisión de la construcción del embalse, también quedó bajo la responsabilidad legal de reasentar a quienes resultaran desplazados, de dotarlos de viviendas y de terrenos para sus cultivos. El acuerdo, ante todo, contemplaba el respeto de los derechos humanos de los damnificados. A pesar de haberse firmado estos acuerdos, la construcción de la hidroeléctrica se inició sin realizarse un censo general de las personas afectadas, sin la adquisición legal de todo el terreno para apoyar las obras de construcción de la central y las tierras que serían inundadas por el embalse.
El INDE, como encargada de llevar el control de las acciones, no pudo ser la institución líder que todos esperaban, para afrontar la situación. Al contrario, se notó su total incapacidad y desinterés en articular adecuadamente a las instituciones que debían ser la base del proyecto de reasentamiento. Los pocos avances que se lograron en este período, más bien, dan la sensación que son producto de la casualidad, pues durante este lapso, no existió ninguna unidad específica dedicada a resolver los múltiples problemas que se estaban suscitando. Fue hasta 1978, cuando el INDE encontró en el Comité de Reconstrucción Nacional, apoyo, para iniciar el proceso del estudio del impacto que acarrearía la hidroeléctrica. Esta última institución le asignó al sociólogo Dr. Gustavo Gaitán Sánchez la responsabilidad de llevar a cabo un estudio sociológico en la Cuenca, para tener un criterio de intervención en los problemas derivados por la construcción del embalse.
Esto reafirma que el INDE inicio la ejecución del proyecto sin una idea clara de las medidas que se debían tomar y de los verdaderos problemas que implicaba el reasentamiento de la población fuera del área. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, concedieron los créditos iníciales para la planificación y construcción, sin ninguna evidencia clara de que el INDE tuviera un programa adecuado para resolver los múltiples inconvenientes derivados de la inundación. Al parecer, entre los años de 1975 a 1978, el programa de reasentamiento estuvo en marcha, pero el desplazamiento se hacía con resistencia y bajo amenazas.
Fue hasta el año de 1979 cuando se creó una verdadera Oficina de Reasentamientos de las comunidades, evidenciando la deficiente planificación y la falta de voluntad del INDE para resolver esta problemática. Esta deficiencia significó que, cuando fueron identificados los problemas, se les postergó indefinidamente, creando un clima de ansiedad y desconfianza entre las comunidades, contribuyendo al rechazo del proyecto. El hecho de que el INDE no adquiriera los terrenos legalmente y el incumplimiento de las entidades que proveyeron los créditos con responsabilidad fiduciaria para asegurar que los terrenos fueran adquiridos, creó un ambiente de ambigüedad e irresponsabilidad. Por consiguiente, las comunidades afectadas no tuvieron oportunidad de dar información sobre sí mismas, y cuando las dieron, fueron brutalmente reprendidas.
Fue bajo este clima que se inició de manera discrecional la construcción de la colonia modelo de Río Negro Pacux en el actual municipio de Rabinal. Para cuando fue terminada la construcción de esta colonia, la aldea de Río Negro en un 90 % ya no existía, sus habitantes ya habían sido masacrados. Al final, solo un grupo de sobrevivientes logra trasladarse a este lugar, donde todo es diferente, en especial las casas, sin un espacio amplio con terrenos para llevar a cabo sus múltiples actividades, como la crianza de animales o bien el cultivo de sus productos.
Al momento de iniciarse el proyecto en la década de 1970, las tierras en posesión de las comunidades estaban legalmente adjudicadas desde el siglo XIX, e históricamente el registro arqueológico comprobó que estos grupos se asentaron en dicho territorio desde la época prehispánica. Las tierras de la Cuenca brindaban las cosechas necesarias para el mantenimiento de las familias; los peces y la cacería eran un recurso complementario. Las tierras comunales alimentaban al ganado, permitían la adquisición de palma y otros recursos utilizados para hacer artesanías para la venta. Los animales de crianza también eran comercializados. El tejido sociocultural se vinculaba estrechamente en un paisaje mantenido por el comercio, los lazos familiares, las creencias culturales y las relaciones históricas. Las rutas comerciales antiguas conectaban a toda la región y los sitios arqueológicos daban a sus habitantes un sentido de pertenencia, con rituales y una cosmología comunitaria construida a través de los siglos.
Ahora bien, desde la construcción de la hidroeléctrica, las personas que aún habitan las márgenes del ahora lago artificial, se encuentran sumidas en una nueva dinámica, como es el caso de las comunidades de San Juan las Vegas, Chicruz o Chitomax, por mencionar algunas. Hoy día las relaciones internas de las aldeas, están marcadas por la necesidad de acoplarse al nuevo territorio y recursos que el lago artificial provee, como lo es la pesca. Como lo indican las personas, el consumo de carne varió al reducirse el espacio de crianza de animales domésticos y la cacería. Además debe agregarse la disminución y acceso a la leche y sus derivados. La incapacidad de producir suficientes alimentos e ingresos con base a los recursos disponibles a nivel local, han obligado a cada vez más personas a abandonar sus hogares en busca de empleo.
Por último, se debe mencionar que, en la actualidad, el gobierno de Guatemala aún tiene pendiente el pago y resarcimiento prometido a las comunidades desplazadas, compromiso que tuvo que ser nuevamente adquirido debido a la presión del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, se ha pensado en la construcción de nuevas mega hidroeléctricas en el país, por lo que surge la interrogante ¿estaremos a las puertas de un nuevo Chixoy?
En Cifras
25 %
De la energía eléctrica consumida en el país se produce en la hidroeléctrica de Pueblo Viejo-Quixal
