Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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El Congreso aprobó la Ley de Simplificación de Requisitos que pretende facilitar a cualquier inversionista o emprendedor la realización de los trámites necesarios para iniciar operaciones, evidenciando el efecto que ha tenido la presión internacional respecto a entender que la lucha contra la migración demanda cambios reales en el país para alentar inversiones que generen oportunidades. Sin embargo, es necesario decir que se trata de un débil esfuerzo por tapar el ojo al macho porque en Guatemala todos sabemos que los trámites y requisitos van de la mano con las mordidas. Si el interesado conoce el medio y suelta billete, todo es rápido y sencillo, porque hasta los más exigentes requisitos salen sobrando. Si no lo cree, basta con preguntar a los que solicitan licencias para explotar recursos naturales y las obtienen aún sin realizar siquiera la consulta popular que demandan los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala.

Parte de la que podemos llamar “cultura administrativa” a la costumbre, según diría Jimmy Morales, es que lo importante es la coima, el soborno o mordida que resulta siendo mucho más importante que lo que diga la letra de la ley. Los encargados de analizar expedientes a lo largo de la administración deciden rápido o despacio, según se porte el cliente o el cuello que tenga, y eso no va a cambiar con la aprobación de la nueva ley.

En el papel parece muy positiva la ley y sus intenciones, pero mientras no se elimine el principal de los requisitos, ese de tener que “caer muerto” con el que guarda su pisto en maletas, de nada servirá que la letra de la norma contemple pasos más sencillos porque de todos modos se encontrará la manera de entrampar algo cuando se huele que existe la posibilidad de pedir mordida.

La ley no resuelve el problema de fondo porque el mismo está en el tema de la impunidad que se han asegurado los sinvergüenzas para operar libremente y en ese campo lejos de ir para adelante estamos retrocediendo a pasos agigantados porque la cooptación del sistema de justicia se convierte en un enorme parapeto que ayudará a que el problema de fondo persista.

Por supuesto que simplificar los trámites es conveniente y debiera estimular a cualquier inversionista y sobre todo a aquellos emprendedores que ponen su talento y sus recursos en un negocio prometedor que generará empleos. Pero creer que esa ley es la panacea significa que no se entiende dónde está el verdadero problema ni por qué es que la tramitación se vuelve tan engorrosa en nuestro país. Y es que mientras más se traban las cosas, mayor es la cantidad de mordida que se puede pedir y eso lo ha comprobado infinidad de gente que se topa con absurdos requerimientos y saben, por lo burdo y obvio de la exigencia, que todo se resuelve abriendo la billetera para satisfacer la ambición de tanto pícaro que pulula en la administración.

Son tan cuerudos algunos que cuando judicialmente se les ordena suspender operaciones porque no llenaron los requisitos esenciales, que desaparecieron gracias a la mordida, alegan que se está violentando el Estado de Derecho.

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