Cuando empezó la pandemia y se anunció en Guatemala el primer contagio de Covid-19 dijimos en La Hora, reiteradas veces, que para administrar adecuadamente una situación de ese tipo era indispensable la confianza de la población en las informaciones oficiales. Pensábamos en esos días en que para hacer que la gente actuara con responsabilidad era indispensable que se le diera toda la información sobre los nuevos casos, la gravedad de los mismos, la capacidad del sistema hospitalario para atenderlos y las precauciones dispuestas por las autoridades para proteger a la población.
Desafortunadamente los datos oficiales nunca llegaron a generar confianza y hay quienes dicen que los famosos tableros del semáforo se van adecuando al gusto del cliente y que tenemos notables subregistros de casos y de defunciones. El gobierno no pudo ganarse la confianza ciudadana porque, desde el principio, se notó que el Ministerio de Salud andaba dando palos de ciego y el cambio de autoridades trajo un poco de esperanza, pero luego se vio que el sistema, el famoso y perverso sistema, se los terminó tragando y con eso desaparecieron todas las buenas intenciones.
Ahora el tema que genera más preocupación es el de la vacuna para el Covid. Todo ha ido mal desde el principio, cuando el Presidente dijo que por andar de arriba para abajo por todo el país (sin duda haciendo cosas impostergables y urgentísimas) no había podido firmar el decreto que facilitaba la erogación de dinero para pagar las vacunas. Luego el sistema COVAX, creado para ayudar a los países con menos acceso al mercado mundial, demostró sus falencias y el gobierno, con razón, lo criticó y señaló como el culpable de los atrasos en el suministro de las vacunas.
Mientras tanto, países con menor potencial económico que Guatemala, como El Salvador y Costa Rica, avanzaban en la vacunación adquiriendo con agilidad más dosis de las que nosotros podíamos conseguir mientras se “negociaba” con fabricantes para comprar vacunas y surgió la maravillosa figura de los acuerdos de confidencialidad que permiten manejar en secreto todas las operaciones. La Constitución dice que todos los actos de la administración son públicos y excluye aquellos datos proporcionados por particulares con condición de confidencialidad, pero ello está bien si se refieren a cuestiones relacionadas con patentes o cosas por el estilo, pero no para encubrir precios porque imaginemos que todos los contratistas digan en sus contratos que los mismos tienen cláusula de confidencialidad.
Ahora estamos amarrados con la vacuna Sputnik V que en Brasil fue denunciada por la autoridad encargada de autorizar medicamentos y hay una gran nebulosa porque no se pagó a los fabricantes ni a Rusia sino a un fondo de inversión que tiene numerosas tachas y cuestionamientos. Moscú no ha abierto la boca ni se tiene comunicación oficial del gobierno ruso avalando la operación, lo que acrecienta dudas porque se dice que la Cancillería negoció directamente con el gobierno ruso, sin decir con quién, si con algún ministro, Putin o algún otro funcionario reconocido.
Ahora resulta que al venir la vacuna, si viene, enviarán una dosis a inspección de un laboratorio extranjero. Con todo lo ocurrido la pregunta es: ¿Existen razones para confiar en lo que nos comunique el gobierno? La respuesta es que nunca se ganaron la confianza ciudadana.
