Raul Molina
El sector privado de Guatemala, que CACIF aglutina, ha recibido al enviado del Presidente Biden con un plan de recuperación económica de la pandemia. Se plantea como instrumento promotor del desarrollo y eficaz para frenar la migración guatemalteca hacia el norte, ofreciendo establecer una nueva alianza para defender los mutuos intereses. Oculta CACIF que, después de respaldar todos los yerros de Jimmy y de aliarse estrechamente con Trump, asumió la conducción de la maquinaria de la corrupción, colocó a Giammattei como presidente encargado y se ha propuesto el secuestro del Estado. No entiende que esta información la tiene EE. UU. y que las reglas de una posible alianza han sido modificadas. Biden sabe que hay una íntima relación entre corrupción, subdesarrollo y migración, y ha fijado su posición. El sector privado no ve la relación y confunde crecimiento económico con desarrollo, pensando que se abre una buena oportunidad para seguir acumulando riqueza. Desecha los aspectos sociales, siempre ignorados o marginados por los ricos del país. Por ello el Stimulus Plan aplica, de nuevo, la “política del azadón”, interés propio, que la oligarquía y la burguesía han aplicado siempre. Se acudió a pedir fondos, con base a dos estrategias: fortalecer sectores en los que Guatemala se desempeña de manera eficiente, para aumentar sus exportaciones; y avanzar en cuatro sectores en “un proceso de rápido cambio hacia un mayor grado de desarrollo de las empresas u otro tipo de organización” (leapfrogging ), con trecientos millones de dólares adicionales en inversión extranjera directa.
No hay mención específica de invertir con prioridad en la generación de empleo, en momentos en que Latinoamérica ha dejado cesante al 57% de su fuerza de trabajo, mucho menos habilitar tierras para satisfacer la demanda alimenticia de la población. El “leapfrogging” requiere de personal calificado y no generará los empleos que eviten la migración. Así el plan se convierte en una carta de buenas intenciones, inaceptable, porque Estados Unidos no es tan ingenuo como para creer que esto disminuirá el flujo de migrantes. Por ello, en vez de plantear un programa de responsabilidad compartida, como ha sido en otros países el exitoso 3X2X1 -por un dólar que invierta el Estado, el sector privado pone dos y la cooperación estadounidense tres- la propuesta se centra en ingresos para exportaciones y en inversión extranjera. Peor aún, CACIF se olvidó de abordar la corrupción, en la cual tanto el Estado como el sector privado se encuentran sumergidos desde hace años. Biden afirma claramente que no dará fondos a gobiernos corruptos y no ignora que el sector privado es hoy igualmente corrupto. Al igual que con los fondos para la paz, el sector privado pretendería ser privilegiado en su asignación, sin que los objetivos puedan lograrse, como ocurrió con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, porque desde tiempos de Arzú, porcentajes significativos de los proyectos se han repartido en “líneas” semejantes a las que manejaron Otto Pérez y Roxana Baldetti, con inclusión de empresarios como corruptos y corruptores. Biden exige cambio inmediato de rumbo.
