Según el Diccionario de la Lengua Española el Consejo de Ministros es el Órgano Colegiado de Gobierno de un Estado, lo cual significa que como en todo Cuerpo, los miembros participan no sólo en el debate sino en las decisiones que se adoptan. En países presidencialistas como el nuestro, sin embargo, el tal Consejo de Ministros no funciona, sobre todo cuando se trata de decisiones tan importantes como la que le asigna al Ejecutivo la Constitución en la designación de los Magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad que no puede hacer sólo el Presidente sino tiene que hacerlo en Consejo de Ministros.
Todos sabemos que en la mayoría de casos ha sido tradición que la Secretaria General de la Presidencia redacta los acuerdos “tomados” en Consejo de Ministros y son enviados a los titulares o encargados de cada uno de los Ministerios simplemente para que estampen su firma. No hay tal discusión ni debate porque todos son simples peones que se tienen que poner firmes cuando el gobernante se los ordena. Lejos están aquellos tiempos en los que algún ministro prefería renunciar a su cargo antes que avalar a ciegas lo que le imponía el Presidente. Eran tiempos en los que se valoraba la importancia de la dignidad de un funcionario que valía más que el salario que recibía y no digamos los negocios que se le permiten hacer, como pasa ahora.
Por ello es que el presidente Alejandro Giammattei no se ha tomado la molestia de convocar a abogados para que expresen su deseo de ser magistrados y sometidos a una evaluación por el Consejo de Ministros. Ha dicho que cumplirá la Constitución nombrando al titular y suplente que desee en Consejo de Ministros y aunque pueda haber alguno que no esté de acuerdo, de todos modos tendrá que estampar su firma en el Acuerdo correspondiente. Discusiones y debates no tienen cabida en ese Órgano Colegiado de Gobierno del Estado de Guatemala porque la tradición es clara y determinante.
Es más fácil que un ministro que se resista a firmar ese acuerdo se tenga que ir del gabinete a que lo tenga que hacer un Ministro que ordenó reprimir violentamente a los manifestantes el año pasado y a quien la alianza oficialista en el Congreso protege a capa y espada para librarlo de una interpelación que, en todo caso, apenas si llegaría a ser una molestia porque no hay forma en que la misma se pudiera traducir en algo más. En otras palabras, aquí hay ministros pero no Consejo de Ministros.
