El brutal asesinato de la niña Sharon Jasmine Figueroa Arriaza provocó diversas reacciones. Foto La Hora/Alba Keneth

El brutal e inexplicable asesinato de la niña Sharon Jasmine Figueroa Arriaza se viene a sumar a la demasiado larga lista de crímenes brutales que afectan al país, pero de manera muy especial a las mujeres y desde hace tiempo a niñas pequeñas que son víctimas de atrocidades inexplicables e incomprensibles que nos hacen pensar qué tipo de sociedad hemos construido y a dónde iremos a parar como país.

El gobierno presumió el año pasado de una reducción del número de asesinatos cometidos, lo cual fue resultado más de las medidas de confinamiento que de acciones oficiales que hubieran dado resultado contra el crimen. La mejor evidencia es el mes de enero y lo que llevamos de febrero, cuando se han multiplicado los hechos de sangre y crece de manera explosiva ese ataque cobarde en contra de niñas y mujeres, cometidos por individuos que se benefician de la incapacidad para realizar investigaciones serias y, peor aún, del régimen de impunidad que ya se ha ido extendiendo por todo el país y que, aunque no nos hayamos dado cuenta de cómo ni cuándo, nos está pasando una elevada factura.

Y es que nada peor para la seguridad ciudadana que el descalabro institucional. Desde tiempos de Jimmy Morales prácticamente se perdió lo ganado en la Policía Nacional Civil, especialmente en su academia que se había estructurado con mucho empeño para formar agentes capaces y comprometidos con el ejercicio de sus atribuciones. Hoy en día el pénsum de la academia se redujo en forma dramática, al punto de que los alumnos se quejan que el curso más importante que se les imparte es el de tiro, dejando atrás todos aquellos que tenían que ver con las ciencias criminalísticas.

El Ministerio Público perdió el norte de la investigación porque allí están más preocupados por ver cómo le quitan casos a la FECI para pasarlos a Fiscales con menos dientes en vez de plantear el diseño de verdaderas políticas para investigar el crimen, mientras los tribunales siguen el rumbo de las Salas de Apelaciones y la CSJ y por lo tanto son instrumentos de la impunidad que todos percibimos pero que también los mas violentos criminales aplauden.

Por ello es que el rescate de la institucionalidad destruida para crear este Estado tan fallido es importante y urgente. Estamos viendo correr sangre como consecuencia de la incapacidad del Estado y de la Sociedad para dar una respuesta en contra de la criminalidad que crece rampante con acciones horrendas y brutales que nos reflejan como un país enfermo.

Redacción La Hora

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