Fernando Mollinedo C.
Estos últimos días del año 2020 son propicios para meditar acerca de los acontecimientos que desde hace varias décadas vienen repitiéndose como si fueran naturales o ejemplo de las buenas costumbres que así lo aconsejan.
Me refiero al actuar administrativo de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial que han variado sus figuras de intachables por el de una ligereza fuera del sentido común que ha traído funestas consecuencias al erario nacional, a la credibilidad de los funcionarios y sobre todo, a la reputación de las instituciones gubernamentales.
Durante el presente año, hemos denunciado y analizado el comportamiento de la mayoría de los funcionarios políticos que ejercen el poder de decisión para realizar gastos que supuestamente reduzcan las necesidades de los sectores más necesitados de la sociedad; pero pareciera que fueron escogidos en la lista de los personajes más oscuros y cuyas referencias tóxicas son su pasaporte para disponer del dinero público para su uso personal.
Por supuesto que hay funcionarios y empleados públicos que tratan de ser correctos, otros lo son, pero la mayoría de acuerdo a las noticias periodísticas y los procesos judiciales se aprovechan para hacer toda clase de trampas, triquiñuelas, abusos, desfalcos, y toda clase de conductas que riñen con la supuesta moralidad que debe imperar en las personas de bien.
Este año 2020 fue demasiado escabroso al conocerse que funcionarios de distintos ministerios, secretarías, congreso, alcaldías y hasta empleados menores, aprovecharon la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 para realizar negociaciones lícitas a primera vista pero inmorales en beneficio propio y aún estamos esperando la intervención de la comisión presidencial contra el hueveo, perdón, contra la corrupción para el saneamiento del gobierno de turno.
Para 2021, la población espera que una vez los funcionarios corruptos hayan llenado los bolsillos con la plata del pueblo, le den un suspiro de alivio a la población y dejen de ejercer el apropiamiento indebido de los fondos destinados para solucionar los graves problemas que se padecen en todo el orden de la vida diaria: salud, educación, infraestructura vial, economía formal e informal, delincuencia organizada, desorganizada y gubernamental, transporte, seguridad, respeto a los derechos humanos a la vida, a las aguas de los ríos, el cese de la persecución a los líderes indígenas y otros más.
El magnífico discurso del presidente de la República en el acto protocolario de toma de posesión ¿se hará realidad este año? la población no puede esperar más, por eso, instamos a los funcionarios a que den un respiro a las arcas nacionales en beneficio de la población. ¿será eso posible? ¿podremos confiar en los funcionarios o tenemos que resignarnos a que algunos sigan en su frenética cerrera de hacerse millonarios a costa del dinero público?
¿Dónde están las organizaciones defensoras de la población, de los derechos humanos, de los derechos económicos y de la salud de los guatemaltecos? ¿DÓNDE ESTÁN o sólo sirven para justificar los salarios que les paga “a saber quién”?
