El diputado José Alejandro de León Maldonado está apresurando la aprobación de una nueva Ley de Acceso a la Información que delega en un director y un subdirector nombrados por el Congreso de la República el control de todo lo que tenga que ver con las solicitudes de acceso a información pública que hagan los ciudadanos. Esa función de control la realiza desde que entró en vigencia esa norma, el Procurador de los Derechos Humanos, funcionario que si bien es nombrado por el Congreso, goza de total y plena autonomía y por lo tanto puede ser un efectivo supervisor, como lo ha sido, de la implementación en la práctica de esa crucial norma que pretende facilitar la transparencia.
No hay que ser adivino para entender que en un Congreso donde lo que menos les interesa es la transparencia, la reforma a la Ley de Acceso a la Información no persigue sino entorpecer ese acceso que los ciudadanos tenemos. No es un derecho ni un instrumento que sirva únicamente a la prensa, sino que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de reclamar información sobre aspectos relevantes de la administración pública y la sanción moral del PDH ha sido eficiente para forzar a que se cumpla con ese tipo de demandas ciudadanas.
Dos funcionarios designados a dedo por el Congreso no serán nunca garantía de efectividad en el ejercicio del derecho a solicitar información. Por el contrario, podemos anticipar que ese derecho que fue establecido hace casi una década será eliminado de un plumazo por el Congreso de la República mediante el voto disciplinado de la mayoría parlamentaria conformada por los partidos que tienen el control del legislativo y que, justamente, no se distinguen por tener interés alguno en contribuir con que Guatemala sea un país que abandone la ruta de la opacidad que facilita tanto la corrupción.
Y pasan el proyecto al pleno cuando sienten que ya tienen los votos en la CC para impedir que sea decretada, como debiera ser, la inconstitucionalidad de esa reforma que obviamente hará más difícil que las oficinas públicas rindan los informes que los ciudadanos demandan, especialmente cuando se trate de temas relacionados con el manejo de los fondos públicos.
La Ley de Acceso a la Información ha sido un útil instrumento para evidenciar, por lo menos, el comportamiento de muchos funcionarios y por ello el interés y la prisa por eliminarla de nuestra normativa legal para facilitar la opacidad que tanto conviene a los que ya ni guardan las apariencias en el pacto formados por los corruptos.
