Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Marco Trejo

Cómo se ha vuelto costumbre en el pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), precedida por la magistrada Silvia Valdez, las resoluciones y decisiones son de una manera exprés, lo cual ha socavado la credibilidad de uno de los tres organismos del Estado. Los políticos siguen apuñalando la imagen de las entidades y poco les importa dañar algo donde son aves de paso.

Es lamentable que este tipo de acciones debiliten instituciones que son vitales para la vida socio-política de Guatemala, magistrados van y magistrados vienen y las entidades siguen allí para servir a la sociedad, que espera tener funcionarios probos y honorables, pero con este tipo de acciones les resta credibilidad.

Esta CSJ se ha caracterizado por socavar la imagen institucional de los encargados de velar por la aplicación de las leyes que nos rigen y cada vez más podemos ver que más y más guatemaltecos no creen, en un ente, que debe darle certeza jurídica, que debe velar por la aplicación correcta de las leyes, pero los políticos de este país se han dedicado sin misericordia a dañar la reputación institucional.

Nadie cree en las entidades del Estado, la gente se vuelve escéptica y aunque se haga un trabajo objetivo y profesional, sigue la duda colectiva que impide, que en este país, se viva en paz y tranquilidad. Muchos expertos y analistas aseguran que la falta de certeza judicial mantiene la impunidad en una nación que necesita transparencia en sus entidades.

La designación de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la CC quién sustituyó a Neftaly Aldana, y de Jorge Rosales Mirón es una muestra de que no se quieren hacer las cosas bien, lo cual causó la reacción de Michael G. Kozak, secretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en su cuenta de tuiter comentó: “Es vital que todos los miembros de la corte cumplan sus responsabilidades constitucionales. La independencia judicial es un requisito no negociable en una democracia”, resalta el diplomático estadounidense.

Molina Barreto, se ha convertido por tercera vez, miembro de la corte constitucional y deberá dejar el cargo en abril próximo, cuando deben designarse nuevamente magistrados de la CC para un período de 5 años. Esto ha causado rechazo porque, un mes antes, Barreto aseguró públicamente que él no tenía intenciones de participar en esta designación, pero como arte de magia, un día antes, su papelería fue presentada y en un abrir de ojos, en menos de 24 horas, es designado.

Este tipo de hechos son los que causan revuelo entre la sociedad guatemalteca y si le sumamos que la organización Alianza por las Reformas, había planteado dos tachas ante la CSJ contra el abogado, al aducir que no llena el requisito constitucional de honorabilidad, la situación se pone candente y da más motivos para pensar de que la elección fue planeada para fines oscuros.

No me cabe la menor duda de que el ahora magistrado Molina Barreto tiene las calidades profesionales para ocupar ese cargo, pero como decía mi abuela no hagas cosas buenas que parecen malas, lo que se ha ganado, él ahora funcionario, es que inmediatamente haya sido impugnada su elección con el argumento de que la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia no tiene fundamento.

El interponente de la impugnación, el constitucionalista Marco Vinicio Mejìa en la parte toral de su documento señala que “la convocatoria para elegir magistrados de la CC no tiene fundamento legal y, para poder realizar la elección, primero se debió modificar el Decreto 22-2016, debido a que la CSJ no está facultada para designar magistrado por una opinión consultiva de la CC”, la cual está pendiente de resolverse y seguramente será desechada por la CSJ.

El abogado consigna también que el proceso interno de designación no es impugnable, “pero si la convocatoria del 30 de octubre del presente año, ya que la misma dice que no hay procedimiento establecido en la ley”, lo cual nos deja ahora en un dilema que sin lugar a dudas hace que la sociedad guatemalteca siga siendo golpeada y que se sienta golpeada por deliberaciones que conllevan juegos políticos que nos tienen inmersos en un Estado corrupto que ha sido cooptado por intereses políticos.

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