José Roberto Alejos Cámbara
El dilema de la salud versus la ley, me lleva, nuevamente, a recordar mis primeros pasos políticos dentro de la Comisión de la Ley Electoral y Partidos Políticos en donde se analizó el texto constitucional que dio vida a la normativa electoral.
En aquel entonces, las confrontaciones, más que ideológicas, eran técnicas, hablar de reformas profundas era tan difícil como lo es actualmente para las corrientes políticas representadas en el Congreso y apegadas a la política tradicional. Esos cambios son urgentes, sin embargo, no se logra un acuerdo para dirimir si fortalecer a los partidos políticos y a la clase política; o apostar al fortalecimiento de la participación ciudadana y de quienes, sin pertenecer a un partido, quieren y deben incidir en la democracia representativa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), una vez en vigencia el Estado de Calamidad, cerró parte de sus oficinas, promovió el teletrabajo, atendió lo meramente básico y suspendió plazos, en concordancia con la irregularidad de los servicios. Una vez concluido el Estado de Calamidad retornó a la nueva normalidad y se organizó para que su personal retornara pausadamente sin desatender las recomendaciones de salud. Los plazos, entonces, empezaron a correr normalmente y los partidos, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) convocaron a sus asambleas municipales como trámite obligado.
La división y la lucha de poder dentro de la UNE motivaron un escenario de premura para la realización de asambleas y garantizar que las fuerzas no inclinen la balanza negativamente. Entonces, amparado en Acuerdo Interno, el TSE suspende las asambleas provocando interpretaciones variadas. Los partidos en formación hablan de un TSE que pone obstáculos para el surgimiento de partidos nuevos, los partidos con asambleas vencidas, lo ven como un nuevo atraso y un gasto en recursos pues ya habían convocado, pero, desde la perspectiva de la UNE, el TSE busca evitar que la lucha interna uneísta se resuelva, en definitiva.
Frente a los congresistas, el presidente del Tribunal, Mynor Custodio Franco, explicó que la decisión fue basada en normas precautorias de salubridad, pero, ante todo, por el temor de ser señalado como responsable de un potencial rebrote de la pandemia. El tema electoral, reitero, ha sido siempre motivo de confrontación y en tantos años, se evidencia la falta de diálogo y negociación para entrarle de lleno a la Reforma Política. Lo que está sucediendo debe verse como una oportunidad para que TSE y Congreso, abran las puertas a organizaciones que conocen del tema y busquen la ruta que permita otra forma de elegir a nuestros gobernantes.
Ante la crítica y acusaciones, el TSE modificó su Acuerdo y dio marcha atrás prevaleciendo así el artículo 139 constitucional que en su segundo párrafo refiere: “La ley de orden público no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos” y, por consiguiente el TSE dejó en cada partido la responsabilidad de respetar los protocolos de salud. Lo importante es que el sistema democrático no se detenga, que la población se manifieste y demuestre que hay que caminar, continuaremos con el tema porque hay que exigir, pero ante todo… participar.
