Emilio Matta Saravia
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Otra tragedia azota al pais, ahora la tormenta tropical ETA. Los videos y las imágenes de comunidades siendo evacuadas, cuerpos de socorro compuestos por bomberos, soldados y ciudadanos altruistas, todos exponiendo sus vidas para salvar las vidas de estas personas, acaparan medios y redes sociales. Y otra vez Conred mostrando todas sus falencias, tal como sucedió con la tragedia del volcán de Fuego hace tan solo dos años, en 2018. A las pérdidas de vidas humanas se suman las pérdidas de cosechas (el sustento) de comunidades enteras.
Mención aparte merecen algunos políticos, como el frustrado (y noqueado) “boxeador”, que han llegado a sacar provecho de la tragedia, lo cual es deleznable, por no decir un asco.
Para atender esta tragedia, el presidente Giammattei ha propuesto utilizar los Q 122 millones incautados por el MP en Antigua Guatemala y que supuestamente pertenecen al exministro de Comunicaciones Benito producto de coimas recibidas. Para lograr esto, se propuso pasar una ley que obvie el proceso judicial de extinción de dominio, la cual entiendo que fue propuesta por un diputado del FCN Nación, la organización política cuyo candidato a la presidencia fue Jimmy Morales y de cuyo gobierno Benito fue ministro de Comunicaciones. Eso no es ironía; es descaro, desfachatez y cinismo. Al final se aprobó en la madrugada del miércoles Estado de Calamidad Pública para 10 departamentos en el cual se destinan fondos para atender la misma por Q 400 millones.
La situación de las comunidades afectadas amerita, efectivamente, acciones inmediatas por parte del gobierno. Sin embargo, pretender decretar una ley para obviar un proceso judicial de extinción de dominio no es una solución, más bien pareciera ser un ardid de corte populista para tratar de atraer simpatías. Además, transmite un pésimo mensaje donde claramente se demuestra el irrespeto al Estado de Derecho del que tanto cacarea el gobierno. El debido proceso, como es el caso de una extinción de dominio para bienes incautados por corrupción, narcotráfico y otros crímenes, es parte fundamental de un verdadero Estado de Derecho donde se respetan las leyes y los procedimientos. En este caso, el fin no justifica los medios. Si de agilizar la ayuda para los afectados por la tragedia se trata, existen mecanismos, como las transferencias de partidas presupuestarias que se pueden ejecutar para lograr reorientar recursos, en este caso, para quienes más lo necesitan. Es más, este gobierno ha demostrado tener amplia experiencia para este tipo de maniobras presupuestarias, como lo demuestra el último caso de transferencias por Q 135 millones en la cartera de Comunicaciones. De hecho, el presupuesto contempla un rubro para atender emergencias como esta, por lo que dotar dicho fondo de más recursos no debería ser ningún inconveniente, si se tiene la voluntad de hacerlo de la forma correcta.
Recurrir estratagemas, como aprobar una ley para obviar procedimientos judiciales, es un camino incorrecto para lograr un fin, y se envía un pésimo mensaje a todos los sectores, inversionistas o no, en el que el gobernante y el Congreso tienen la potestad de expropiar un bien emitiendo un decreto ley. ¿Y así pretende invitar a inversionistas extranjeros el presidente?
