José Roberto Alejos Cámbara
Grandes esfuerzos por ordenar la casa se dieron en los años subsiguientes a la pérdida de los Q82.8 millones del Congreso de la República en la Casa de Bolsa Mercado de Futuro conocida como MDF. Los recursos legislativos se trasladaron al Banco de Guatemala para mayor seguridad, se reorganizó al personal, manuales y organigramas y, por primera vez se levantó un Plan Operativo Anual (POA), además, se implementó, sin éxito, un programa de retiro voluntario para jubilar al exceso de personal.
Se creó un método para contratar, por oposición y de manera pública, al Director General y directores de área. Se congelaron plazas y los fondos privados para indemnizaciones. Los diputados no hacían más las compras y mucho menos los cheques. Pero, de nada sirvió; en los años en que la presidencia del Organismo Legislativo estuvo en manos del Partido Patriota se retrocedió en casi todo.
No fue hasta que el diputado Mario Taracena (UNE) ocupó, en 2016, la presidencia cuando se retomó ese ordenamiento. Esto implicó medidas del tipo político como legislar la interpelación y evitar transfuguismo lo que despertó el odio del personal y de los propios diputados, entonces de nuevo se retrocedió; y actualmente el Congreso sigue siendo una institución cooptada por los jefes de bloque que realiza su trabajo con el Ejecutivo de turno sobre la base de negocios y no en negociaciones.
Hoy, además de ser lo que cada quien pueda imaginarse que es el Congreso, los aliados al Gobierno son prácticamente sicarios, cumpliendo una función parecida a la de aquellos que matan por dinero, por puestos, plazas, obras, y beneficios directos; matan o por lo menos tratan de matar civilmente a todos aquellos que estorben al Ejecutivo y sus objetivos. Como muestra vemos la lucha constante y persistente por quitar del camino al Procurador de los Derechos Humanos, al Vicepresidente de la República, a medios de comunicación que estorban; y a quienes denunciaron e hicieron que el trabajo de elección de algunos miembros de las Comisiones de Postulación, se repitiera.
Se dio la denuncia contra Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, y la confrontación con los magistrados constitucionales utilizando a un pequeño grupo de Constituyentes. Esta especie de sicariato va más allá del Congreso, vemos a jueces que por encargo han perseguido (como algunos diputados) a Thelma Aldana, a José Carlos Marroquín, al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Bonilla (+). Vemos al Juez Mynor Moto, denunciado y perseguido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
El hoy exministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, fue amenazado con llevarlo al Pleno por el hecho de autorizar el registro de una organización civil, cuando lo único que tenían que hacer era vigilar que esta no cometiera ningún acto ilegal y menos inconstitucional. Todos sabemos, que casi desde su nombramiento se buscó un pretexto para provocar su renuncia, por ser uno de los pocos en contradecir al Presidente de la República en las reuniones de gabinete.
De verdad, hay que ordenar la casa. La Ley Electoral, la Ley Interna del Congreso de la república; y propulsar la Reforma Judicial serían los primeros pasos por los que se merece llegar a un acuerdo. Caminemos, no nos dejemos, exijamos.
