Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
En Estados Unidos se están llevando a cabo las audiencias en el Senado, concretamente en el Comité Judicial, en torno a la designación que hizo el presidente Donald Trump para que la jueza Amy Coney Barrett sea parte de la Corte Suprema de aquel país.
Independientemente de la opinión que cada quien tenga de la jueza, de si debe ser ahora la confirmación o luego de la elección, creo que es importante que los guatemaltecos tengamos un claro contraste de los procesos de escrutinio y verificación a que son sometidos los magistrados.
Y no deja de llamar poderosamente la atención porque mientras en el Norte la jueza cumplirá hoy su cuarto día de audiencias, en Guatemala quien quería asegurar por completo su chance de ser electo no debía pasar por un proceso de completo escrutinio, si no simplemente ser parte de la lista de Gustavo Alejos.
En lugar de ir a una Sala a rendir cuentas, los aspirantes y operadores de la elección acudían al hospitalito en el que estaba recluido Gustavo Alejos, “Gustavito” como cariñosamente le dijo Sandrita en aquella conversación grabada cuando le contaba de sus esfuerzos por recaudar dinero para la UNE y en otras llamadas que también están grabadas y que ahora tienen incidencia especial con todo lo que pasa en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La situación con las cortes en Estados Unidos no es perfecta y claro está que cada presidente busca ir designando en función de lo que piensa, cree y lucha, pero hay más transparencia.
En Guatemala por el otro lado, hemos visto cómo han operado quienes ya habían pactado la elección de cortes y se vieron frustrados; vemos qué dicen y hacen aquellos que sentían que de consumarse el amaño iban a ser beneficiados, cómo buscan venganza los frustrados y cómo operan los que sienten que la justicia les respira en la nuca. Para ello, han recurrido hasta a compañeras del pasado en el trabajo sabiendo la incidencia que tienen en diferentes esferas del Estado.
Uno de nuestros principales retos es crecer económicamente y de forma integral, pero eso no será posible si no logramos tener aparatos de justicia que actúen con independencia a la cooptación, al crimen organizado y a los intereses especiales.
Nunca podrá haber empresarialidad plena o a su máximo potencial, si quien invierte sabe que no hay esa net de seguridad que debe brindar una justicia bien aplicada. Una justicia que no pase por hablarle a los Gustavo, al Rey, a Fredy, a Denis o muchos otros operadores que se encargan de recibir los encargos de los clientes y buscan la forma para pactar con los jueces o magistrados lo que necesitan.
Y sin duda alguna, los guatemaltecos que luchan por construir una Guatemala mejor, así como el que era parte del sistema pero ya entendió y muchos miembros de la comunidad internacional, en especial los que acaban de venir al país, saben que cualquier cambio sostenible en estas tierras demanda una reforma estructural a nuestra justicia.
No hay debates en torno a qué debería ser esa reforma judicial porque el poder sabe que si eso pasa, pierden enormes cuotas y control que no están dispuestos a sacrificar.
Por eso es que los jueces en el país que trabajan de forma independiente, esos que luchan, batallan y no se dan por vencidos en la búsqueda de la verdad mediante la correcta aplicación de la ley, tienen doble mérito y la sociedad así lo debe entender, pero sobretodo, reconocer.
