Walter Juárez Estrada
Guatemala está en crisis institucional y constitucional sin precedentes por la voracidad de quienes conforman los Organismos del Estado, lo que puede desbordar en un rompimiento constitucional y forzar al pueblo exija en las plazas públicas, el cese al desorden que de no ponerle fin más provocar incidentes que nadie podrá controlar. Sera una responsabilidad de sus autores, que les ha importado el dinero, la política y no buscar una solución para mitigar el desempleo y el hambre que agobia por la pandemia que ha causado muertos, abriéndose paso en el mundo como un huracán desenfrenado.
Eso no es todo. El vicepresidente Guillermo Castillo, esta distanciado con el presidente Alejandro Giammattei. Eso es ingobernabilidad. La fiscal Consuelo Porras, que por ley lleva la persecución penal, quiere descabezar a la FECI. que origino que Michael Kozak Secretario Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE.UU. le lance críticas, quien se ha defendido diciendo que “la entidad cumple con la ley…”. El TSE. se ha plegado a un pago de facturas por su elección, magistrado electoral imputado cuando fue fiscal de un supuesto ilícito. La Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que han prolongado sus funciones más allá de lo que dice la Constitución al no ser electos por el Legislativo.
Pero como si fuera poco esa ingobernabilidad e institucionalidad constitucional, la Corte de Constitucionalidad- desintegrada al no llegar a consensos por la situación del magistrado Neftaly Aldana, que es el órgano de la defensa de la Constitución cuyos integrantes están en pugnas políticas y liderazgo, lo que ha dado pie a que la justicia en Guatemala, este en el laberinto.
La violencia haciendo de las suyas y la corrupción rampante, por ese desorden en todos los órganos del Estado. Es tiempo que se le ponga fin al descalabro, pero nadie se anima a pedirle la renuncia a los que conforman los poderes del Estado y termine la anarquía que ya desbordo y puede provocar ojalá no sea así, un rompimiento en los poderes públicos. El pueblo tiene razón… pedir justicia, que la corrupción no siga abriéndose paso como en el pasado.
Lo grave de todo ese marasmo jurídico- político en los poderes públicos, es grave y se ha aprovechado de la pandemia, para robar a manos llenas, el Ministerio Público, se desliza en cuestiones de poca relevancia y no acciona en los Tribunales para enjuiciar a los que están haciendo dinero poniendo como causal la crisis del Coronavirus. Si no hay justicia, el pueblo no pude quedarse callado. En los 35 años de nuestra Constitución, nunca se ha visto una situación tan grave como la que estamos pasado y quedando mal, ante el concierto de las Naciones, pues el desorden que se ve en las entidades, es digno de repudio no solo en aquí sino en el extranjero y se exigen millones para Ministerios y entidades y no hay dónde echar mano.
