Siempre nos han provocado sospechas esas caravanas que se forman en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica justo cuando en Estados Unidos se realizan elecciones porque sabiendo lo importante que se ha vuelto el tema migratorio desde el punto de vista electoral no deja de causar extrañeza la “coincidencia”. Y en esta ocasión la caravana que sale de Honduras tiene otras implicaciones porque se produce en medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que ha obligado a todos los países del mundo a adoptar medidas migratorias importantes para evitar el ingreso de personas que puedan ser portadoras del virus y generen nuevos y mayores contagios.
En ese sentido tan natural es que México diga que no permitirá el ingreso de ninguna persona sin que llene los requisitos sanitarios establecidos como que lo haga Guatemala porque es obvio que el libre tránsito y movilización entre los mismos países centroamericanos se ha visto afectado por las barreras que obliga a imponer la pandemia. Cualquier persona que entra al territorio de nuestro país debe traer el resultado negativo de una prueba para detectar el virus del Covid-19 y si no lo hace se puede rechazar su ingreso o forzarlo a permanecer en cuarentena, lo cual obviamente no se puede hacer con una multitud de varios millares de personas.
Creemos, eso sí, que es innecesario recurrir nuevamente a la suspensión de garantías constitucionales para enfrentar esta crisis provocada por la caravana de migrantes porque con la legislación ordinaria, sin recurrir a la Ley de Orden Público, se puede controlar la situación. Ninguna diferencia ofrece el Estado de Prevención en cuanto a los instrumentos para contener a los que ingresan violando las normas sanitarias vigentes por la crisis de la pandemia, pero ese prurito de que para todo hay que suspender la vigencia de derechos y garantías consignadas en la Constitución demuestra la tendencia que se tiene no sólo a aprovechar los vericuetos de esa ley para hacer compras de emergencia, sino para reprimir más allá de donde está permitido por el mismo marco constitucional.
Repetimos que las caravanas, al menos desde nuestra perspectiva, resultan sumamente sospechosas porque se convierten en petate del muerto para incrementar la alarma entre grupos radicales en Estados Unidos sobre el peligro de la migración que, según ellos, no sólo amenaza sus trabajos sino que “llevan a miles de criminales”, de acuerdo con la tesis oficial de la Casa Blanca. Y en los días previos a una crucial elección no hay que ser mal pensado para entender lo que esta movilización puede influir.
