Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

Un reclamo social generalizado recorre el país: ¿dónde está el dinero? Por los cuatro puntos cardinales crece la certeza que enormes sumas de dinero, del presupuesto y de los préstamos, no están siendo utilizadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que ésta ha generado. En un acto de arrogancia, o de miopía, el gobierno ni aclara ni demuestra un manejo transparente y eficiente del erario público, lo cual devendrá en una crisis de gobernabilidad que, más temprano que tarde, estallará con graves consecuencias.

El tesoro más preciado de un político es su credibilidad social, que le aporta votos para ganar elecciones, y legitimidad para gobernar democráticamente. Alejandro Giammattei ha despilfarrado ese tesoro, por sus pobres ejecutorias, por su falta de transparencia, y por su incapacidad para tejer alianzas legítimas.

Este gobierno será recordado por dos aspectos: el mal manejo de la pandemia y la cooptación del aparato de justicia. En abril, la gestión de Giammattei de la crisis sanitaria contaba con un 83% de aceptación ciudadana, la cual cayó a 49% al 5 de julio, según la encuestadora ProDatos. Perder 34% de aceptación en tres meses, en medio de la peor crisis sanitaria y económica del país, es una debacle política inmensa. Si el gobierno se sostiene es por el confinamiento de la ciudadanía y el miedo al COVID-19, pero ese compás de espera de agota, con una acumulación de 2,778 muertos, cuyas familias reclaman justicia.

Ya en el mes de junio la Dra. Sulma Calderón, Defensora de la Salud de la PDH, sostenía que “estamos a un pequeño paso de caer en el colapso absoluto del sistema de salud”. La situación sanitaria no ha mejorado desde entonces, y el gobierno se ha limitado a maquillar cifras, para justificar la apertura económica que el CACIF le exigió. Los datos gubernamentales son erráticos, contradictorios y gozan de muy poca credibilidad.

El sistema semáforo es un indicador que casi nadie respeta, y que carece de utilidad. Al 22 de Agosto, el Ministerio de Salud reportó 206 municipios en rojo, 85 en naranja y 49 en amarillo. ¡Ni un solo municipio en verde! Y con esos datos oficiales Giammattei decretó la apertura del país, la libre locomoción y pronto autorizará el transporte público, con lo que se catapultarán los contagios y los muertos. Las medidas presidenciales carecen de congruencia, y se emiten a contrapelo de sus propios datos. El resultado es el descrédito.

Todo esto se agrava por el mal manejo de los fondos públicos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se están manejando los miles de millones aprobados al gobierno para enfrentar la crisis, provenientes de transferencias, bonos y préstamos. Sin embargo, la población tiene la certeza que la ayuda a los más pobres no llega, llega tarde o llega a quien no la necesita. Es generalizada la duda sobre la probidad de este manejo.

Para colmo, del presupuesto destinado a los hospitales que atienden la pandemia, sola mente se ha ejecutado el 20%. De manera simple, firme y llana, el Pueblo se pregunta en parques, mercados, calles y veredas ¿Dónde está el dinero? Es una manera directa de expresar el descrédito social al gobierno de Alejandro Giammattei. Cuando el hambre arrecie, la gente se va a levantar y, carente de legitimidad, el presidente recurrirá a la represión y los Estados de Excepción.

Antes que este conflicto estalle, sociedad civil, empresarios y gobierno debiéramos confluir en una concertación nacional y, sin exclusiones, diseñar e implementar un Plan Nacional de Contingencia contra la pandemia y el hambre. Este Plan nos permitiría la unidad de acción que las crisis sanitaria y económica demandan. El tiempo se agota, y las alternativas son concertación o confrontación.

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