Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Antes de abril del año 2015 sabíamos que existía corrupción en Guatemala y que la misma hacía millonarios cada cuatro años a los políticos de turno que salían bañados en pisto. Cuando el caso La Línea expuso la forma en que operaban Roxana Baldetti, Otto Pérez y compañía se mostró apenas la punta del iceberg y fue por ello que en forma unánime la ciudadanía se lanzó a la plaza para pedir “cárcel para los corruptos”. Era un hito en la historia que se pudiera conocer una investigación sobre la forma en que se hartaban de pisto los políticos y la indignación fue lógica y prendió por parejo. Desde los más encopetados hasta los más pelados, todos acudíamos a la plaza para mostrar nuestro rechazo y pocas fuimos las voces que señalamos que en toda la investigación de La Línea aparecían los funcionarios, pero no los particulares que les pagaban por el contrabando de las mercaderías.
Luego vino la segunda etapa que terminó siendo la sepultura de la CICIG porque se metió con quienes de verdad son intocables. Los políticos, al fin y al cabo, forman parte de la chusma y han sido útil y fácil instrumento de la corrupción, pero cuando se habló ya del caso Cooptación del Estado vino el llanto y el crujir de dientes porque los actores principales del verdadero drama no eran los Pérez Molina, los Baldizón, los Colom o los Sinibaldi, sino los meros meros tatascanes y fue allí donde empezaron a perder los papeles y se tuvo que reclutar a los nuevos políticos y a jóvenes empresarios para conformar un fuerte y batallador Pacto de Corruptos que pusiera fin a esos “excesos” en la investigación.
Todos los que guardan prisión han recurrido al litigio malicioso para detener los procesos dando tiempo a que se fuera la CICIG y que descabecen a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. No importa el tiempo que pasen en prisión porque de todos modos gozan de privilegios ya conocidos en nuestro sistema carcelario y es mejor esperar a que triunfe de una vez por todas el plan Alejos que tener que enfrentar una condena. El esfuerzo por controlar a las Cortes tiene mucho que ver con esa realidad porque de ello dependerán todos los casos iniciados desde el 2015 y por ello nadie, ni uno solo de los sindicados, asume su responsabilidad y habla de cómo funciona la corrupción y quiénes son sus principales actores. Los temporales, que cambian cada cuatro años, y los que son permanentes y que por ello son los amos y señores.
Ayer, sin embargo, tras entregarse Alejandro Sinibaldi publicó un comunicado que ha de tener con mal de camioneta a todos los que sufrían ese mismo mal los llamados Jueves de CICIG. El gran dilema está en si al fin alguien hablará con la verdad o si el tal comunicado no es apenas otro “papelito shuco”.
El tiempo dirá y no me atrevo a hacer vaticinios. Abrir la Caja de Pandora de la corrupción implica admitir culpas y asumir las consecuencias, pero sin duda que el servicio al país, para acabar con la farsa de la polarización, sería algo tan trascendente como aquel destape de La Línea.
