Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Es práctica del autoritarismo el sancionar, por la vía del decreto, todo lo que se le ronca la gana al déspota que no se somete realmente a las leyes y que impone su voluntad en la forma más caprichosa que pueda imaginarse. Por decreto se condena a los enemigos y se perdona a los amigos, haciendo que la ley se convierta en una herramienta para aumentar la capacidad de represión y de castigo para quienes discrepan del totalitario criterio de las autoridades.
Por ello no es extraño que Rusia haya sido el primer país que asegura que ya dispone de una vacuna contra el virus causante del COVID-19 porque se sabe que lo que diga Vladimir Putin es la última palabra y se tiene que asumir como decisión sagrada. Poco importa que para autorizar el uso de una vacuna mundialmente la ciencia exija una serie de pruebas para garantizar la fehaciente eficacia del tratamiento, puesto que si a Putin se le ronca la gana, él puede afirmar que su país ya produjo la vacuna y empezar a producirla masivamente aún antes de que termine todo el ciclo de experimentación. Pero viniendo de Putin y en Rusia, país que del despotismo de los zares pasó al totalitarismo marxista y luego cayó bajo las redes del ex KGB experto en manipulación y control, no puede causar sorpresa que se proceda de esa manera.
Distinto es el caso de Estados Unidos, país que se distinguió por el comedido ejercicio del poder y que cuando alguien se saltó las trancas, como pasó con Nixon, encontró los correctivos para retomar el camino de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, garantizado por la existencia de eficientes pesos y contrapesos que fueron la garantía de absoluto respeto a los principios de legalidad republicana.
Pero aquellos Estados Unidos ya no son los mismos porque las huestes trumpistas han alentado la práctica del despotismo que pretende imitar el autoritarismo totalitario de Putin. En Washington era una respetada tradición que la política nunca se metía con la ciencia médica y ni siquiera el Departamento de Salud tenía facultades para imponer decisiones políticas a entidades como la Administración Federal de Drogas o el Centro para Control de Enfermedades, donde prevaleció siempre el criterio científico y fue absolutamente respetada esa tradición. Hasta que llegó Trump y atropelló sin rubor ni miramiento principios que fueron sagrados porque ahora en Washington todo gira y funciona alrededor del ego del gobernante que se pavonea con vanidad y aires autoritarios.
En Washington también se van a saltar las trancas y antes de que termine el ciclo de meticulosas pruebas para aprobar cualquier vacuna, la del COVID-19 será aprobada a huevos o a candelas antes de que se produzca la elección en noviembre próximo, simple y sencillamente porque ello le conviene políticamente al gobernante y toda la institucionalidad y hasta las instituciones científicas que de tanto prestigio gozaron, se tienen que alinear para darle gusto y ayudarlo en el desesperado esfuerzo por lograr la reelección.
Tendremos pues, al menos dos países de donde saldrán vacunas por decreto.
