Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

La inexistencia de una pandemia que como el SARS COVID 19 afligiera a toda la humanidad, mantuvo en reserva de médicos, científicos y autoridades farmacológicas los criterios, requisitos y normas que existen para la implementación de una vacuna o medicamento para tratar una determinada enfermedad. A la gran mayoría de la población, ante la ausencia de una necesidad colectiva, le tenía sin cuidado el desarrollo, el proceso y la autorización que conllevan los medicamentos en general, previamente a ser utilizados en seres humanos.

Buscando fuentes para el presente artículo, encontré una publicación del Ministerio de Salud de la República de Chile, en la cual se indica que todo producto farmacéutico tiene un proceso o secuencia de pasos interrelacionados que describen la vida de un medicamento (su paso por la comunidad), desde que es concebido y desarrollado hasta que es utilizado. A este proceso o secuencia se le denomina la cadena del medicamento. Las dos fases iniciales del mismo son, por un lado la investigación y el desarrollo del producto que se lleva principalmente a cargo de compañías farmacéuticas que invierten millones de dólares en estas actividades y posteriormente viene la segunda fase que consiste en la evaluación, registro y control de dichos medicamentos.

Como no podía ser de otra manera, luego del anuncio que realizara Vladimir Putin, máximo jerarca Ruso, en cuanto a que su país había autorizado el uso de la primera vacuna en contra del SARS COVID 19, se dieron una serie de reacciones a todo nivel, pues países y multinacionales farmacéuticas compiten, en más de 100 proyectos, por desarrollar la vacuna que permita combatir la pandemia. Por supuesto, no por mucho madrugar amanece más temprano y ya la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere con recelo a los resultados de la vacuna rusa, pues al parecer la misma no cumplió con la totalidad o a cabalidad con los requisitos y procedimientos que existen para validar no solo la capacidad de la vacuna contra el virus si no también las consecuencias o efectos secundarios que puede causar en las personas que la reciban.

Cada país tiene normalmente una institución que controla y avala la investigación y desarrollo que se lleva a cabo con cada medicamento nuevo y su posterior aprobación para el uso de sus ciudadanos, pero solo algunas, como la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos para la Comunidad Económica Europea tienen las características de calidad y control que les permiten convertirse en referentes mundiales para que los productos que aprueben se consideren aptos para la aplicación en seres humanos y sean prácticamente homologados por los demás entes regulatorios del resto de países.

Por supuesto, es de importancia radical para Putin, para los Chinos o para Trump, el ser reconocidos como el primero en encontrar la cura y habrán millones de seguidores de cada uno que privilegiarán el consejo del líder por encima de la sensatez de esperar la aprobación de un ente regulatorio de un país ajeno. Para los que tengamos la libertad de esperar y escoger el medicamento de confianza, eso se transforma en un privilegio, que cada uno se ponga lo que quiera o que no se ponga nada. Sin embargo, para la mayoría de la población que espera ponerse lo primero que el Gobierno le consiga, resulta indispensable que este último actúe de manera responsable y sin importar el esfuerzo, ubique y adquiera el medicamento más adecuado que pueda garantizar la salud de todos los guatemaltecos.

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